Funcionarios del gobierno federal, senadoras y grupos civiles dijeron que existen avances sustanciales para aprobar, en este mismo periodo de sesiones, una ley para enfrentar el problema de la desaparición de personas en el país. Este proyecto legislativo tiene más de año y medio en preparación.

La estadística oficial muestra una numeralia de personas no localizadas con un acumulado histórico –hasta enero pasado– de 30 mil 942 en esa condición, tanto de asuntos de responsabilidad de las fiscalías estatales como de la Procuraduría General de la República.

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, encabezó ayer una reunión entre representantes de los actores involucrados, así como de organismos nacionales e internacionales, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab.

El responsable de la política interna dijo que existe voluntad del gobierno para sumarse a los acuerdos que permitan la existencia de una ley general contra las desapariciones, es decir, de aplicación obligatoria en todo el país.

Las senadoras asistentes a la sesión de trabajo, realizada en el Palacio de Covián, dijeron que hay avances en asuntos fundamentales y que restaría definir aspectos para homologar y armonizar leyes de diversos ámbitos, así como las penas para quienes incurran en el delito de desaparición de personas.

Esta reunión nos da mucho aliento para poder concluir el documento (ley), el cual está en la última fase de elaboración, señaló la senadora Pilar Ortega (PAN), presidenta de la Comisión de Justicia.

Los ajustes más recientes se relacionan con el Mecanismo Nacional de Búsqueda, el cual estaría bajo la coordinación de la Secretaría de Gobernación, así como las penas que se impondrían a los responsables de desaparición de personas.

Zita Loyo, del Comité Cerezo México, comentó: Al menos lo que mostró el secretario de Gobernación es que sí, que habrá un trabajo el cual mandató a su gente cumplir, con los requisitos que organizaciones y familiares (de desaparecidos) estamos exigiendo para que haya una ley que realmente dé herramientas para alcanzar la justicia y la verdad. Las sanciones aun no están determinadas, pero lo que te puedo asegurar es que éstas no podrán ser, con todo y beneficios, menores a 25 años (de prisión).

La senadora Angélica de la Peña (PRD), presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, dijo que un punto muy importante es el entramado para el registro de datos forenses (ADN, muestras de huesos, huellas, especificaciones de edad de la víctima y otra información particular), que causará impacto en la operación de hospitales e incluso de panteones municipales, porque el objetivo es integrar un registro nacional de este tipo de datos.

Subrayó que también es necesario tener definidos los recursos presupuestales que se deberán considerar para la operación del nuevo entramado legal y operativo, tanto para la parte de investigación como en la búsqueda, en los tres niveles de gobierno.

Tenemos un fenómeno en el país; no lo creamos, pero tenemos que resolverlo. La ley involucra a todas las autoridades que tengan algún tipo de competencia en los distintos niveles, comentó en entrevista.

Al encuentro asistió el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Roberto Campa, quien igualmente manifestó su confianza en que la ley pueda ser aprobada durante el periodo actual de sesiones en el Congreso de la Unión.