El informe presentado ayer por el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, confirma la situación de crisis en esa materia que ya ha sido denunciada por diversos organismos de México y el extranjero, y subraya la peligrosidad de continuar militarizando la seguridad pública, afirmaron colectivos civiles.

Pedro Faro, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, señaló que el informe del ombudsman nacional ayuda a constatar las advertencias que ya se han hecho en repetidas ocasiones sobre la persistencia de diversas violaciones graves, como ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones.

Viniendo de la CNDH, el gobierno tendría que replantear sus obligaciones de respetar y garantizar los derechos humanos, porque hacia donde vamos en este momento es a fortalecer a un gobierno autoritario y represor, alertó.

Respecto del llamado de González Pérez para no aprobar la ley de seguridad interior sin antes tomar en cuenta los múltiples agravios cometidos por militares contra civiles, el activista consideró que si el gobierno no escucha esa advertencia, se comprobará que las autoridades le apuestan a la violencia y a que el Ejército siga fuera de sus cuarteles, lo cual es una aberración.

Raymundo Ramos, coordinador del Centro de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, subrayó por su parte que en el informe de la CNDH se da cuenta de una realidad con la cual el presidente Enrique Peña Nieto parece haber perdido todo contacto, en la medida en que sigue negando la existencia de una crisis y defendiendo a ultranza a las fuerzas armadas.

El mandatario está poniéndose del lado equivocado, porque no le debe su cargo al Ejército, sino a los ciudadanos, a esa misma gente que pide justicia y que aparezcan las personas que fueron llevadas por la fuerza por los uniformados y que permanecen desaparecidas.

Luego de considerar que el ombudsman asumió una actitud congruente al denunciar la crisis de derechos humanos del país, el luchador social recordó que en los pasados seis años la Procuraduría General de la República ha iniciado 104 averiguaciones previas por supuestos abusos de soldados y marinos, pero todas están archivadas.

Respecto de los dichos de González Pérez sobre la eventual aprobación de la ley de seguridad interior, Ramos enfatizó que “no es momento de acrecentar el poder de los militares y darles mayores ‘garantías’, mientras no se hayan aprobado antes las leyes contra la tortura y la desaparición forzada”.