l pasado jueves se conmemoró el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, integrantes de un sector laboral de nuestra población discriminado, desprotegido y en buena medida invisibilizado, fundamental, sin embargo, para la sociedad y la economía del país. Según datos recientes recabados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (Cesop) de la Cámara de Diputados, hoy existen en el país 2.3 millones de personas que trabajan como servidoras en los hogares, la mayor parte de ellas de origen indígena. Además, nueve de cada 10 son mujeres, y una de cada 10 mujeres que trabajan en México se emplea en estas actividades. Un tercio empezó a trabajar cuando eran menores de edad y por ello poseen escolaridad dos o tres años menor a la del resto de la población ocupada. Seis de estas trabajadoras son responsables de alimentar los hogares donde trabajan y una de cada seis cuida personas mayores y enfermas.
Con su trabajo liberan igualmente a varios de los miembros de las familias para las que laboran a fin de que éstos puedan dedicarse a sus actividades, y aunque en promedio cada una tiene dos y tres hijos e hijas, un tercio de ellas cuida a los de su empleador o empleadora. La mitad de las encuestadas reportó trabajar más de una jornada laboral diaria, y una de cada tres percibe menos de un salario mínimo. Por si esto fuera poco, la mitad no recibe aguinaldo, seis de cada 10 no tienen vacaciones, nueve de cada 10 no cuentan con contrato de trabajo y sólo 8 por ciento de ellas gozan de seguridad social. Para colmo, 14 por ciento reportó haber sufrido maltrato verbal, y 7 por ciento, maltrato físico. Finalmente, y como clara expresión del régimen de excepción laboral y de seguridad social en el que realizan sus trabajos –mismo que el Estado está obligado desde hace tiempo a corregir–, 7 por ciento de nuestra población considera que no deben tener vacaciones pagadas y 4 por ciento rechaza darles un contrato por escrito.
Por ello, en días pasados la asamblea consultiva del Conapred dirigió al secretario de Gobernación una carta para manifestarle su honda preocupación por la ausencia de derechos laborales y la discriminación que sufren estas personas en México, y para requerirle que haga todas las gestiones necesarias para que el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) –documento internacional vinculante, que contiene medidas específicas para proteger los derechos de las y los trabajadores domésticos– entre al proceso de ratificación por el Senado.
Se le recuerda que México es uno de los países de América Latina con las condiciones más precarias para ejercer esta actividad, pues de los 23 países que han ratificado y aplicado ya este convenio, 12 son naciones de América Latina con condiciones, en muchos sentidos, similares a las nuestras. Y en un pronunciamiento titulado Justicia para las trabajadoras del hogar en México, más de 100 organizaciones civiles, instituciones y personas –acompañadas por el Conapred, la OIT, ONU Mujeres y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos– pidieron también a la Presidencia de la República que enviara al Senado, para su ratificación inmediata, el convenio 189 de la OIT, y al propio Senado que realice las modificaciones indispensables a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley del Seguro Social para garantizar a las trabajadoras del hogar los mismos derechos que al resto de las y los trabajadores. Cuanto más, que desde el 31 de marzo de 2014 así lo ofreció solemnemente el secretario de Gobernación, y desde entonces el Senado ha dirigido al Poder Ejecutivo más de 10 exhortos para que lo lleve a cabo, sin que hasta la fecha haya habido una acción decidida para concretarlo.
Como expresan en su pronunciamiento las organizaciones, la Ley Federal del Trabajo contiene un capítulo especial (13) dedicado a los y las trabajadoras domésticas, que entre otras cosas permite que sus jornadas laborales sean más largas que las del resto de las y los trabajadores. Y la Ley del Seguro Social limita su acceso a la seguridad social únicamente mediante la incorporación voluntaria al régimen obligatorio, modalidad que no incluye la totalidad de los seguros y prestaciones a las que por ley tienen acceso las demás trabajadoras. Les niega además servicios fundamentales, como el acceso a estancias infantiles, y, sólo si realizan el trámite de inscripción ante el Instituto Mexicano del Seguro Social con sus familias empleadoras, les deja la carga económica a ellas. Es por ello indispensable, como indica el Conapred –que por cierto ya ha elaborado un proyecto de iniciativa, con la participación de las personas interesadas y sus organizaciones–, cambiar el contenido de ambos ordenamientos. Por ejemplo, a propósito de la Ley Federal del Trabajo, obligar a crear un contrato por escrito con las condiciones mínimas de la relación laboral. Fijar también una jornada de trabajo de ocho horas diarias, con pago por tiempo extraordinario. Reconocerles además prestaciones como el derecho a vacaciones, días de descanso obligatorio, aguinaldo, indemnización por despido injustificado y licencias de maternidad o paternidad. Definir criterios para que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fije el sueldo mínimo de las trabajadoras del hogar y determinar igualmente obligaciones y prohibiciones de las personas empleadoras, así como un mecanismo de inspección en los hogares, que respete la privacidad. Finalmente, en lo que respecta a las modificaciones y adiciones a la Ley del Seguro Social, incorporar a las trabajadoras del hogar como sujetos de aseguramiento obligatorio.
