La Comisión de Derechos Humanos capitalina (CDHDF) presentó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) argumentos jurídicos en defensa de la Constitución Política de la Ciudad de México y solicitó a los ministros adoptar un mecanismo de audiencias públicas y participación abierta a todos los grupos, instancias, organizaciones y ex diputados de la Asamblea Constituyente, que han manifestado preocupación en el debate que se desarrollará sobre el alcance y las definiciones en materia de derechos humanos del texto constitucional.

Hoy no sólo toca defender lo que se plasmó en la Constitución, sino también, y sobre todo, defender lo que como sociedad capitalina hemos ganado en muchos años y hoy incluso se ha cuestionado por quienes no necesariamente se caracterizan por tener una perspectiva de derechos humanos progresista ni respetuosa de estándares internacionales en la materia, señaló la presidenta del organismo, Perla Gómez Gallardo.

Al comparecer ante el pleno de la Asamblea Legislativa (ALDF) para presentar el informe anual de 2016, advirtió que un debate de esta trascendencia no puede limitarse sólo a las partes que intervienen en el litigio. Un debate sobre nuestros derechos y las obligaciones de la autoridad para su protección y garantía nos debe involucrar a todas y a todos, apuntó.

Difundirá efectos de recursos

La ombudsman dijo que es inconcebible que se pudieran perder por haberlos elevado a un mandato constitucional local, derechos que están vigentes en la legislación secundaria.

En entrevista posterior, Gómez Gallardo agregó que la CDHDF difundirá los alcances que tienen las acciones de inconstitucionalidad y controversias presentadas ante la Corte contra diversas disposiciones del texto constitucional. Vamos a sensibilizar, a visibilizar, a informar a la sociedad, que sepan y tengan conocimiento de los riesgos que les lleva en su momento el que no se tomen en cuenta todos los argumentos.

Explicó que su escrito de defensa se centró en la carta de derechos, particularmente en 11 conceptos de derechos que se está reclamando su posible invalidez, así como en los dos artículos que impugnó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, relativos a la facultad del órgano local de promover juicios de restitución obligatoria de derechos humanos por recomendaciones no aceptadas y no cumplidas ante la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia, y que consideró en nada afecta facultades del ombudsman nacional.