n México todo está concentrado en una élite diminuta. La riqueza está concentrada, el ingreso también lo está. La protección jurídica de las garantías individuales o derechos humanos va tras las huellas de la riqueza y el ingreso: funciona para esa misma élite. El Estado mexicano y sus instituciones se encargan, ya por activa, ya por pasiva, de garantizar que así sea la vida cotidiana: la exclusión económica y de la protección de los derechos humanos para las grandes mayorías; la garantía para los miembros de la élite económica de que contarán con lo necesario para que su inmensa riqueza continúe creciendo; la garantía, asimismo, de que contarán con protección jurídica para ellos y sus indecentes fortunas. En México, la riqueza conjunta de cuatro multimillonarios ha pasado del equivalente a 2 por ciento del PIB del país en 2002 a 9 por ciento en 2014. Buena parte de las fortunas de estas cuatro personas procede de sectores que han sido privatizados o que dependen de la adjudicación de concesiones o la regulación del sector público (http://www.oxfammexico.org/inciativa-ciudadana-ley-3-de-3/#.WNfz7XSGO2w).

Las personas comunes viven en el riesgo y quizá la mayor parte en el miedo: frente al crimen, al que se aplica un freno ridículo, y frente a las acciones o inacciones de los personeros de las instituciones del Estado. La extensa irritación social que vive México es producto de esa vasta desigualdad económica y jurídica.

Por eso el discurso de Osorio Chong, del pasado 13 de marzo, desembocó en una insignificante trivialidad. Expresó a incrédulos y escépticos: mando el mensaje a quienes no creen en las instituciones, a quienes no creen en ellas y las denuestan (sic); a quienes dicen, es que no es posible que actúen así nuestras fuerzas armadas, nuestra Policía Federal, porque eran jóvenes... Era por necesidad, seguramente ese y otros personajes, no ven las armas con las que nos enfrentan, no están ahí en territorio viviendo un momento complejo de un enfrentamiento, y seguramente no conocen a las familias, a las familias de los que han lastimado estos criminales (sintaxis de genuina procedencia del secretario de Gobernación). El pasado 21, tocó el turno al director general de Derechos Humanos (?) de la Sedena, general José Carlos Beltrán Benítez, quien rechazó las declaraciones ‘‘sin fundamento’’ de quienes acusan a militares de violar impunemente derechos humanos y retó a los ‘‘actores sociales’’ que tengan pruebas en contra de soldados que hayan vulnerado las garantías fundamentales a que las presenten para que sean investigadas, porque son ‘‘injurias y ofensas’’. Como prueba del compromiso institucional y del resultado que han tenido acciones militares enumeradas por el general, destacó que de 2012 a 2016 se redujeron en 68 por ciento las quejas presentadas ante la CNDH en contra de la institución militar. Es decir, que después de negar que los militares violen los derechos humanos, el general nos informa que, según los ciudadanos, sí hay tales violaciones, pero que las quejas ante la CNDH, se han reducido.

Dos días después de esas declaraciones llenas de sacrosanta indignación que indicaban que los soldados sí cumplían con su deberes, fue asesinada vilmente la periodista Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada en Chihuahua, y el mismo día, el ombudsman Luis Raúl González Pérez, sostuvo que ‘‘las fuerzas armadas sí han violado derechos humanos y ello ha quedado acreditado en las recomendaciones que les hemos dirigido, entre ellas, por casos de tortura y de desaparición forzada de personas”; dijo además que las fuerzas armadas ‘‘han recibido y aceptado recomendaciones por violar derechos humanos. Y eso está acreditado’’. Advirtió, además, que ‘‘no basta con aceptarlas, deben acatarlas y cumplirlas; necesitamos que se procese y sentencie a los responsables’’.

Desde aquí mando un merecido reconocimiento al doctor González Pérez. Ciertamente no ha hecho sino cumplir con su deber, pero tal hecho resulta casi insólito en un país donde las instituciones de Estado reptan; no protegen los derechos humanos, numerosas veces los violan.

El indignante crimen contra nuestra corresponsal, muestra la desprotección jurídica de quien profesionalmente investigaba crímenes no perseguidos por las instituciones del Estado. El asesinato de Miroslava fue el número 22 en 17 años, sólo en el estado Chihuahua, del año 2000 a la fecha. La impunidad enseñoreada entre los criminales y en el interior de las instituciones del Estado. Esta opinión, aunque dicha en palabras inusitadas, la comparte la cabeza misma de la Sedena. El 8 de diciembre pasado el general Cienfuegos declaró que el Ejército no pidió salir a las calles a combatir el crimen, pero lo tuvo que hacer porque sectores gubernamentales no están haciendo su trabajo.

¿Qué ha hecho el Estado para limpiar sus instituciones de protección jurídica de los mexicanos? Nada que sirva significativamente. Ahora quiere aprobar una ley de seguridad interior. Los partidos no se ponen de acuerdo. Las opiniones más cuerdas o más críticas expresan que bien puede servir para legitimar las acciones militares, y otras lindezas por el estilo. Lo cual implicaría legitimar, en realidad, la impunidad que reina en la persecución del crimen y en la impartición de justicia.

No, no hay ninguna luz al final del túnel. Es más que evidente la necesidad para este país, del procesamiento de un nuevo contrato social, que limpie al Estado de tanta corrupción, impunidad e ineficiencia, acumuladas especialmente por los neoliberales.