einstalado en el escenario político, como precandidato a diputado local por Coahuila, mediante una creación ex profeso, el Partido Joven, el ex gobernador Humberto Moreira ha soltado una batería de ataques contra Felipe Calderón Hinojosa, quien vivió en Los Pinos y ahora dirige una campaña de reincidencia por la vía conyugal.

Mentiroso, bocón y tramposo son algunos de los señalamientos hechos por Moreira contra el panista al que, aseguró, su vicio le vuelve desmemoriado, pues lo que pasa cuando tomas es que no recuerdas qué pasó. También afirmó que Calderón se robó la elección presidencial de 2006, de tal manera que ejerció el cargo a título de usurpador. El propio Humberto ya había hecho señalamientos similares en años recientes, pero su hermano, Rubén, actual gobernador, había declarado en tribuna en 2010, como diputado federal priísta, que como dice el diputado Noroña, (Calderón) se robó la Presidencia de la República, se la llevó porque no ganó, porque es cierto que es espurio el señor Presidente de la República, y como las cosas iniciaron mal, van mal https://goo.gl/IG7imB.

Calderón, por su parte, aseguró que Humberto Moreira permitió que en Coahuila vivieran cómodamente los principales jefes del grupo criminal de Los Zetas y que pretendió obstruir la participación de la Marina para combatirlos. Más allá del contexto de lucha electoral en Coahuila (el felipismo-margarismo impulsa al compadre de Calderón, Guillermo Anaya Llamas, para que sea gobernador del estado, al igual que lo hizo en 2011 con esa misma carta, contra el priísta Rubén Moreira), en la entidad norteña hay una extendida convicción de que el gobierno de Humberto permitió la instalación y la libre operación del grupo de Los Zetas.

Como consecuencia de ese actuar impune de Los Zetas, en Coahuila continúa el hallazgo ciudadano de restos óseos en fosas y terrenos diversos. El grupo Vida, cuya vocera es Silvia Ortiz, se dedica semana tras semana a la búsqueda de personas que desaparecieron sin que a la fecha las instancias gubernamentales puedan encontrarlas ni ofrecer certezas a los familiares. En muchos casos, hay una resistencia a denunciar hechos y a participar en las búsquedas ciudadanas, pues los familiares han sido amenazados directamente por bandas criminales y, además, suelen estar convencidos de que las corporaciones policiacas están al servicio de los cárteles.

En otro asunto: la sobreexposición mediática del gobernador veracruzano, Javier Duarte de Ochoa, ayudó a quitar reflectores a las andanzas igualmente irregulares y presuntamente delictivas del chihuahuense César Horacio Duarte Jáquez, quien ocupó el mando de la entidad norteña de 2010 a 2016. Entre otras hazañas, el abogado priísta Duarte Jáquez (nacido en Hidalgo del Parral, Chihuahua, en abril de 1963) salió de la gubernatura acusado judicialmente de haberse convertido en banquero, como accionista del Banco Progreso Chihuahua, a cuya constitución y fortalecimiento fueron puestos los caudales públicos, en maniobras múltiples. Nepotismo, corrupción y endeudamiento público fueron rubros constantes en esa administración. Y, aun cuando los índices de violencia extrema bajaron en ese periodo del otro Duarte, mucho hablaron sus críticos respecto al entendimiento de ese gobierno con los cárteles, para dar paso a su predominio.

La ejecución de Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada en Chihuahua, ha desatado una oleada de opiniones críticas respecto al desempeño del sucesor de Duarte Jáquez, el peculiar panista Javier Corral Jurado, poseedor de una larga carrera como legislador, siempre con acento crítico y aparatosidad oratoria, pero sin experiencia como gobernante. A punto de cumplir seis meses en el poder estatal (ocupó la gubernatura el 4 de octubre de 2016), Corral Jurado recibe fuertes descalificaciones de parte de sus opositores: se le acusa de incumplir sus promesas de campaña, de actuar con frivolidad, tanto en sus actividades públicas como en las privadas, y de mantener a la entidad en una situación caótica, con una inseguridad pública generalizada.

Es posible que el fogoso tribuno panista esté convertido en su propia antítesis a la hora de ejercer el difícil arte de gobernar. Pero también es cierto que resulta apresurado el juicio de sus adversarios, quienes reprochan que una oleada reciente de crímenes, entre ellos el asesinato de la jornalera Miroslava Breach, coincidió con una de las estancias de Corral fuera del estado, pues jugaba golf en Mazatlán con el gobernador Quirino Ordaz, un priísta al que el poder central envió a Sinaloa a sabiendas de que su impericia y corta talla política le convertían en inmejorable pieza para ejercer un mando fantasmal, con los factores reales de poder como jefes verdaderos de la plaza sinaloense (a propósito: Peña Nieto también juega golf y descansa en diversas ciudades, con el país en graves problemas, pero casi sin crítica en medios de comunicación por esas aficiones).

Tal vez Corral Jurado llegue a ser una decepción política mayor. Pero, a estas alturas, con el gobierno estatal dejado a su suerte por el federal en materia de seguridad pública, el golpeteo en su contra más parece una venganza política y electoral de parte del PRI, que encubrió y protege a Duarte Jáquez, y de la cada vez más venenosa y envenenada facción panista del margarito-felipismo (cuya agresividad aumenta en proporción a la baja en las posibilidades presidenciales de la precandidata). A fin de cuentas, la violencia criminal desatada en Chihuahua, los golpes selectivos como el dado contra Miroslava Breach y la campaña sincronizada de ataques políticos a Corral, ¿fortalecen la impunidad de los grupos encabezados por Duarte Jáquez?, ¿constituyen una venganza en la política práctica contra el opositor teórico?, o, ¿el encanto del poder habrá hecho sucumbir al panista discursivo?

Y, mientras el INE confirma que no puede hacer nada ante evidencias de compra del voto (por lo pronto, en el estado de México), ¡hasta mañana!

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