El proceso de licitación que lleva a cabo el Gobierno de la Ciudad de México para la construcción, operación y mantenimiento de una planta de termovalorización, muestra una serie de irregularidades que parecieran mostrar que se trata de un negocio particular, aseguró Sandra Aguilar, de la organización civil Probienestar Humano. Detalló que en este caso ha faltado transparencia, siendo que se tratará de un contrato que se asignará por 33 años, tiempo en el cual las autoridades capitalinas pagarán anualmente 2 mil 600 millones de pesos.

En entrevista, la especialista en materia energética dijo que si bien en días próximos se estará resolviendo qué empresa se quedará con ese proyecto, desde el principio de dicho proceso hicieron un seguimiento y se observaron situaciones que dejan entrever que hay dados cargados.

Citó, por ejemplo, que la convocatoria para los participantes apenas duró unas cuantas horas (de 9 a 15 horas) durante sólo tres días; las bases de participación costaron un millón de pesos, no se subió todo eso a Compranet y a la fecha no se sabe qué empresas son las que están tomando parte en ese esquema licitatorio, a pesar de que se trata de uno de los contratos más caros para el Gobierno de la Ciudad de México.

De acuerdo con la también activista social, advertimos un proceso que a todas luces resulta amañado; no vemos la transparencia por ningún lado y no se ve que esa planta vaya a generar beneficios para los capitalinos y para el entorno ambiental, además de que no se están buscando mejores alternativas tecnológicas para la transformación de los residuos sólidos en energías limpias, por lo que pidió al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, que pueda ponerse atención a ese proceso, para evitar que se dé paso a un proyecto que pueda resultar caro y dañino para el medio ambiente.

“Hay razones para alertar de que en el proceso de asignación del contrato para la construcción, operación y mantenimiento de la planta de termovalorización –que generará energía para el Sistema de Transporte Colectivo Metro, a partir del procesamiento de basura– puede configurarse un fraude”, concluyó la activista.