La presidenta de la comisión especial contra la trata de personas de la Cámara de Diputados, Julieta Fernández Márquez (PRI), informó que ya fue modificado el sentido sobre el cual se discutirá la ley de trata, que se quedó pendiente en el periodo de sesiones pasado, para que se sancionen todos los delitos relacionados con la explotación, como esclavitud, servidumbre, trabajo forzado y mendicidad forzosa.

El enfoque debe ser integral y no sólo considerar a las organizaciones criminales, sino también proteger a las personas de células de delincuentes que practican la esclavitud moderna, dijo.

La legisladora señaló que el delito de trata en México se comete, en su mayoría, por una o dos personas, y se ha documentado la participación de padres o parejas de las víctimas, e incluso que 80 por ciento de los casos ocurre por temas culturales o tradiciones familiares.

Es necesario que la ley de trata sea aplicable a la realidad que sufren miles de víctimas: factores como la pobreza estructural histórica condicionan a las personas y las vuelven sumamente vulnerables a esta práctica, consideró.

Al concluir el periodo de sesiones pasado, los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) solicitaron a la mesa directiva de la cámara retirar el dictamen a la minuta del Senado con la ley, debido a que la redacción del tipo penal habría permitido la liberación de tratantes.

Fernández Márquez señaló que perseguir este delito únicamente siguiendo el Protocolo de Palermo habría condicionado a que se cumplieran tres supuestos: las acciones, que son la captación, transporte, traslado, acogida o recepción; los medios que se refiere a la amenaza, engaño, uso de la fuerza, coerción, abuso de poder o rapto, y los fines, que es la explotación sexual, explotación de prostitución ajena, servidumbre, mendicidad o extracción de órganos, entre otros.

Entonces, para procesar a un acusado de trata, si uno de estos supuestos no se comprueba, el caso no podría sería castigado, indicó.

En la nueva ley, expuso, deben ser protegidos la dignidad de la persona y los derechos humanos de libertad, igualdad, justicia o la no discriminación. Lo más importante es proteger a las víctimas, especialmente cuando son menores de edad, concluyó.