Sao Paulo.

Miles de brasileños volvieron a manifestarse este domingo –aunque en menor número que en otras ocasiones– contra la corrupción y las intrigas que buscan poner al abrigo de la justicia a centenares de políticos bajo sospecha.

Los lemas de la convocatoria fin de la impunidad y renovación política englobaban la exigencia de poner fin al foro privilegiado para juzgar a ministros y legisladores.

Además, denunciaron las tentativas de modificar el sistema electoral y de amnistiar las donaciones no declaradas a campañas políticas (la caja 2).

Los grupos convocantes desempeñaron un papel determinante en el impeachment contra la presidenta de izquierda Dilma Rousseff en 2016, pero su campaña de moralización de la vida pública se enfrenta con el gobierno de su sucesor conservador, Michel Temer.

Se estima que más de cien políticos –entre ellos media docena de ministros– figuran en los pedidos de denuncias enviados al Supremo Tribunal Federal (STF) por el fiscal general Rodrigo Janot, con base en confesiones de ex ejecutivos de la constructora Odebrecht.

Los manifestantes, en general de barrios acomodados con predominancia blanca, están divididos y las tendencias van de quienes sueñan con lograr el pleno funcionamiento del estado de derecho a quienes creen que la solución pasa por la flexibilización del porte de armas o el retorno de una dictadura militar (1964-1985).

Pero todos defienden la Operación Lavado Rápido y a su principal impulsor, el juez Sergio Moro. En tres años esa investigación desveló la existencia de una gigantesca red de corrupción en la estatal Petrobras y ya llevó a la cárcel a decenas de peces gordos de la política y las finanzas.

En Río de Janeiro los participantes sumaban unos cuantos miles, mientras en Sao Paulo, en toda la avenida Paulista, lugar de la concentración, se podía caminar con facilidad.

La izquierda –y sobre todo el Partido de los Trabajadores– ve en la Operación Lavado Rápido una burda maniobra para impedir que el ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva, quien enfrenta cinco acusaciones, se presente a las próximas elecciones. Las encuestas vaticinan que se impondría en 2018.