El subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Miguel Ruiz Cabañas, rechazó ayer que México incurra en acciones injerencistas o desatienda el principio de no intervención de la tradición diplomática nacional, al llamar, junto a otros 13 países, al gobierno venezolano a resolver el tema de los presos políticos y establecer un calendario electoral.

Entrevistado tras anunciar un foro de países latinoamericanos sobre desarrollo sostenible para el próximo mes, agregó que en las naciones de la región hay preocupación por la situación interna del estado sudamericano.

La declaración que hicieron los 14 países significa una oportunidad para que el gobierno de Nicolás Maduro refuerce el diálogo interno, subrayó.

Ruiz Cabañas explicó que el llamado efectuado por este grupo de estados se inscribe en el marco de la Carta Democrática Interamericana, de manera que no puede decirse que México está actuando de manera injerencista.

El subsecretario evitó, al igual que el embajador de México ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Alfonso de Alba, hacer comentarios sobre el señalamiento de la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, contra el titular de la SRE, Luis Videgaray. En un tuit, la funcionaria llamó el jueves a su par mexicano servil a los intereses de sus dueños imperiales por declarar que en su país la democracia se encuentra en una situación crítica.

En entrevista radiofónica, De Alba negó que a partir de la declaración emitida por los 14 países se pretenda ejercer una presión indebida contra Venezuela. Explicó que se trata de un esfuerzo diplomático adicional antes de considerar la suspensión de dicho estado de la OEA. No se descarta esta última medida, pero consideró que de aplicarse no será de inmediato.

El representante ante el organismo multilateral estimó que la administración de Nicolás Maduro debería dar la bienvenida a la iniciativa de los 14, pues se buscar abrir un espacio de negociación diplomática, insistió.

Reveló que la declaración de ese grupo se empezó a gestar durante la reciente reunión de los países de la Alianza del Pacífico en Chile.

Los firmantes del documento son los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y ­Uruguay.

Su posicionamiento se registró luego de que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, presento un informe sobre la situación de Venezuela y propuso suspenderla del organismo multilateral.