n general, se ha avivado en el país una tendencia siniestra en los meses que van del año. Una suerte de descaro y osadía en declaraciones, propósitos y actos de diversas instancias, tanto gubernamentales y políticas como del crimen organizado que suele actuar en consonancia con ciertos factores de ese poder y en humeante discordancia con otros.

Las protestas sociales contra el gasolinazo, a finales del año pasado y principios del presente, tuvieron, como respuesta, reacciones desesperadas de ámbitos usualmente localizables en sótanos de los edificios de control social: infiltrados, guerra sicológica en Internet, provocadores, saqueos inducidos, campañas mediáticas sincronizadas. En este mismo tramo de agusanamiento, las posturas institucionales, en los diversos niveles de poder, parecieran competir en cuanto a cinismo, insensibilidad e insolencia respecto de los graves problemas que se van acumulando, siempre en competencia en cuanto a desdén respecto de denuncias y protestas populares, evidente la predilección por el uso de la fuerza pública en sus letales versiones actuales y afinando métodos con la esperada Ley de Seguridad Interior.

En esos retorcimientos, pareciera que el segmento más negativo y peligroso de los grupos hasta ahora dominantes estuviese decidido a realizar lo que sea necesario para impedir que la protesta social se convierta en organización y que en los comicios de 2018 pueden darse vuelcos contrarios a los intereses de los amafiados grupos de élite. Una mezcla de ingredientes vigorosos (militares, empresarios, banqueros, bipartidismo inducido PRI-PAN, entre otros) está en curso para tratar de garantizar que el hartazgo nacional sea disuadido, distorsionado o reprimido y no llegue a afectar el diseño histórico de la desigualdad y la impunidad como sistema.

En ese contexto de tensión social se han multiplicado los asesinatos y las agresiones contra luchadores sociales, activistas populares, defensores de derechos humanos y periodistas. Por ejemplo, ayer, la ejecución de Miroslava Breach, periodista valiente, respetada y honorable que durante largos años fue corresponsal de La Jornada y trabajó para medios chihuahuenses. Asesinato con mensaje: por lengua larga. Por decir, pues, lo que no se debe decir. Por hablar de más. Por tocar los temas que están prohibidos de manera informal pero implacable, los del crimen organizado y sus abusos, los de los despojos empresariales contra comunidades, los de las pillerías y delitos cometidos por políticos y gobernantes. Por lengua larga. Pa’ que aprendan a callar.

Otro mensaje quedó: sigue tu gobernador. Firmado por El 80. Según las notas policiacas chihuahuenses, El 80 es el apodo de Carlos Arturo Quintana, de quien se dice que es uno de los jefes del grupo delictivo denominado La línea, supuestamente aliado del cártel de Juárez. El gobernador amenazado con estar en próxima línea de fuego es Javier Corral Jurado, un panista de conducta política distanciada de las prácticas corruptas, quien, al menos en términos declarativos, ha pretendido gobernar de manera distinta una entidad que, como muchas otras, tiene al crimen organizado, en sus diversas e incluso confrontadas expresiones, como factor necesario para la gobernabilidad y como freno fogoso contra transformaciones reales.

Corral Jurado había dado un ultimátum al 80 para que, a partir de que aquel tomara posesión de la gubernatura chihuahuense, éste abandonara la entidad. Hay grupos influyentes que están inconformes con la llegada del panista al cargo. Para empezar, grupos priístas que participaron en el anterior sexenio en políticas de saqueo de la riqueza pública mediante negocios privados y que mantuvieron entendimientos pacificadores con grupos oscuros. También hay una insatisfacción en segmentos que apoyaron a Corral Jurado y esperaban mejorías más aceleradas y que incluso consideran que lo hecho hasta ahora va en una dirección preocupante. Tampoco puede dejarse de lado que el PAN vive una ruda pelea por la candidatura presidencial panista, entre grupos que apoyan una postulación femenina (absolutamente repelentes a la figura de Corral) y una especie de coalición a favor del actual dirigente del partido blanquiazul, en la que participan el gobernador norteño y un ex presidente nacional del PAN, ahora convertido en funcionario chihuahuense.

La ejecución de Miroslava y la amenaza a Corral se produjeron en la mañana del día en que se recuerda el asesinato de Luis Donaldo Colosio, quien era candidato presidencial del PRI y, de haber llegado a las urnas, muy probable sucesor de Carlos Salinas de Gortari. En aquel 1994, las pugnas de élites por el poder llevaron al país a escenarios sangrientos e impusieron, mediante el miedo, un rediseño político que en términos generales, e incluso con las dos administraciones panistas (Fox y Calderón), no significó una alteración real del sistema. En 2017, rumbo al 2018, también los demonios andan sueltos.

Se ha convertido en un cómico espectáculo barato la lucha por el control de las posiciones de mando en el PRD. Luego de la revelación de que posee un departamento en Miami con valor de casi un millón de dólares, Alejandra Barrales Magdaleno ha decidido retornar a su posición de senadora, en un lance que pretende aminorar el golpe de su necesaria salida de la presidencia del comité nacional del sol azteca. Dado que no puede ocupar ambas sillas a la vez, es probable que Barrales deje la dirección partidista, de la que está políticamente desahuciada, alegando que fue puesta en circunstancia de escoger. Luego de que Miguel Barbosa fue retirado, Raúl Morón y Dolores Padierna se han peleado la coordinación de lo que queda de la bancada senatorial perredista.

Y, mientras este tecleador recibía ayer en Torreón, Coahuila, la presea anual de la Fundación John Reed, en una cálida ceremonia (cuyo principal organizador fue el profesor José Gerardo Alvarado), con la participación del Colectivo Cultural Revueltas y organizaciones magisteriales, universitarias y sociales, ¡hasta el próximo lunes!

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