Buenos Aires.

El juez Claudio Bonadío, considerado como el perseguidor serial de la ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, elevó a juicio oral la causa dólar a futuro, una medida del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que tomó en forma autónoma del gobierno a mediados de 2015 y que no constituye delito.

La base de la acusación es que con la operatoria dólar futuro Fernández de Kirchner , el ex ministro de Economía y ahora diputado nacional Axell Kicillof, Alejandro Vanoli ex presidente del Banco Central y el resto de los directores del este organismo perjudicaron al erario público. Se trata de una acusación política porque el objetivo de esa operatoria fue amortiguar una corrida hacia el dólar y de esa manera evitar una devaluación, señala el analista Raúl Kollman.

El intento del gobierno era que si mucha gente se tentaba con usar sus pesos para comprar dólar futuro se descomprimía la compra inmediata de la divisa y eso aliviaba la corrida contra el dólar, explica el analista.

La ex mandataria argumentó mediante su abogado Alberto Beraldi, que no se puede judicializar una política económica en la que, además, no hay nadie acusado de haberse llevado un peso al bolsillo. No es una causa de corrupción sino el enjuiciamiento de una política económica, al punto que Bonadío deja en claro que el valor natural del dólar era la cotización que se registraba en Nueva York.

Desde diversos sectores se entiende claramente que esto no constituye ningún delito, que el BCRA actuó con autonomía frente a una situación extrema para evitar una corrida.

Lo que sucede es que Bonadío que persigue a la mandataria y arma causas desde que ésta gobernaba el país, no logra encontrar las pruebas. A través de los medios de comunicación masiva que llevaron una política de guerra sicológica contra la ex presidenta y sus funcionarios- reconocida por algunos periodistas de esos medios, mintiendo en diversos casos de corrupción que fueron imposibles de probar se instaló el tema de dólar a futuro.

Pero no se aclaraba nunca que con esta decisión del dólar a futuro el Banco Central intentaba evitar la corrida y una devaluación. Precisamente esta devaluación la impuso el gobierno de Mauricio Macri, que asumió el 10 de diciembre de 2015, pero ya antes de esto un grupo de sus funcionarios lo anunció públicamente.

Macri y su familia, beneficiados

Lo grave es que los más importantes funcionarios de Macri, incluyendo su propia familia y sus empresas adquirieron dólares a futuro y en una reunión secreta decidieron la devaluación a sabiendas que los favorecía, porque con esta decisión, triplicaron las ganancias que le produjeron los dólares a futuro que habían comprado.

Fernández de Kirchner decidió no apelar de la decisión de Bonadío como también lo hizo Kicillof, porque quería llegar al juicio oral donde podrá demostrar la falsedad de esta acusación y le servirá como una plataforma para advertir temas políticos que se ocultan a la población y al mundo, y de la misma manera la utilización de la justicia para una persecución política, que se reaviva cada vez que el gobierno de Macri queda acorralado por sus propios errores o cuando no pueden detener la realidad de que el mandatario es el único funcionario en el mundo que no renunció ante el descubrimiento de que mantenía cuentas en paraísos fiscales, como surgió de Los Papeles de Panamá en una investigación realizada fuera del país.

Ahora Macri y sus funcionarios son investigados con enormes dificultades y obstáculos por la existencia de unas 50 cuentas offshore en diversos paraísos fiscales del mundo, pero también por el intento de condonar una deuda a su padre Franco Macri y a sus propios empresas con el Correo Nacional Argentino, lo que armó un escándalo político de envergadura.

El propio Mario Quintana coordinador del gabinete económico de Macri, declaró en estas horas que el tema dólar a futuro no es un delito.

Es un nuevo capítulo de persecución judicial contra Cristina Fernández de Kirchner. En cambio Bonadío declaró la inexistencia de delito en los casos del enriquecimiento ilícito de los funcionarios macristas.

El juicio oral tiene aún mucho camino por recorrer y este planteo surgió a menos de una semana de que Bonadío solicitara la indagatoria de la ex primera mandataria y sus hijos Máximo y Florencia, entre otros, en la causa Los Sauces.

El ex secretario de la presidencia Oscar Parrilli ha denunciado a La Jornada que el gobierno actual aprieta a jueces, como se ha revelado en algunos casos. Incluso hizo referencia a la lista negra de jueces y fiscales independientes que el gobierno intenta llevar a juicios políticos sin causas o causas inventadas.

Parrilli ha sido víctima del espionaje telefónico durante meses sin lograr nada, sostiene y lo ha denunciado ante la justicia advirtiendo sobre el entramado político judicial que se ha destinado al espionaje político, por lo que pidió a la Comisión Bicameral de Control y Seguimiento de los Organismos de Inteligencia que investigue el rol de la Agencia Federal de Inteligencia.