Toluca, Méx.

El Partido Acción Nacional (PAN) presentó una nueva denuncia ante la Fiscalía Especializada para Atender Delitos Electorales (Fepade) por presunta compra de votos mediante la entrega masiva de apoyos sociales en el estado de México. El blanquiazul responsabilizó a funcionarios estatales y federales, así como a diversas agrupaciones vinculadas al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

La mañana de ayer, el dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, y el líder del panismo mexiquense, Víctor Hugo Sondón, se presentaron en las oficinas de la Fepade en Toluca para presentar una denuncia de hechos por presunta compra y coacción del voto, de lo que responsabilizaron a una organización priísta que participó en un acto efectuado el pasado fin de semana en Atlacomulco.

Denunciaron que la Central Campesina Independiente (CCI) distribuyó entre habitantes de la zona norte del estado, principalmente originarios de la región mazahua, miles de subsidios en especie, incluidos insumos para el campo y materiales de construcción, así como monederos electrónicos.

En su denuncia, el PAN exigió que se investigue a la lideresa de la CCI, Maricruz Cruz, a quien acusó de exigir a los beneficiados copias de sus credenciales de elector para poder entregarles los apoyos.

Es absolutamente inmoral que lucren, que se aprovechen de la pobreza de la gente. Es ilegal porque están prohibidas estas prácticas y la ley prevé hasta nueve años de prisión a quien condicione los apoyos, dijo Anaya.

Esta es la tercera denuncia que se presenta esta semana ante la Fepade por el presunto reparto indiscriminado de apoyos sociales en el estado de México, previo al inicio de las campañas electorales.

De su lado, nueve de los 11 diputados locales panistas acudieron al Órgano Superior de Fiscalización para solicitar formalmente que se auditen todos los programas sociales, con el objetivo de verificar su correcta aplicación en territorio mexiquense, pues sospechan que la forma en que se aplican no está permitida por la ley.

Los legisladores señalaron que el reparto masivo de apoyos está al margen de las reglas de operación de cada uno de los programas, con la clara intención de favorecer al PRI. Sostuvieron que funcionarios solicitan a quienes reciben los apoyos copias de sus credenciales de elector, lo que podría configurar un delito.

Queremos que se revisen todos los programas sociales para ver si se está cumpliendo la normatividad. Vemos un desdoblamiento inusual de los funcionarios por repartir todo tipo de apoyos previo a la elección, y no vamos a permitir que sigan estas prácticas, dijo Anuar Azar, coordinador de los diputados panistas.

En tanto, el secretario de la Contraloría del estado de México, Alejandro Hinojosa, aseguró que no ha recibido denuncia alguna por la supuesta entrega irregular de apoyos sociales. Dijo que la Contraloría no sólo ha capacitado a los funcionarios que se encargan de distribuir los subsidios para evitar su condicionamiento, sino que además los supervisa para verificar que se cumplan las reglas de operación de cada programa. Todo se está haciendo conforme a la ley y se suspenderá la entrega de algunos programas sociales al iniciarse las campañas, dijo.