Jojutla, Mor.

Los peritos que el martes comenzaron a exhumar los cadáveres enterrados por trabajadores de la Fiscalía General del Estado (FGE) en una fosa común irregular del panteón Pedro Amaro, en este municipio, recuperaron ayer siete de los 35 cuerpos que se encuentran allí, según cifras oficiales.

Los restos son depositados en el Centro Médico Forense Federal Móvil de la Procuraduría General de la República (PGR). El vehículo cuenta con una cámara para mantener refrigerados los cadáveres. También tiene un área para realizar una renecropsia en caso necesario. Se encuentra estacionado a un lado de la entrada principal del cementerio, y cuando concluyan los trabajos trasladará los restos al panteón Jardín de Los Recuerdos, en Cuautla, para inhumarlos de acuerdo con los protocolos de ley.

Según Javier Pérez Durón, titular de la FGE, en la inhumación clandestina de estos cuerpos puede existir responsabilidad (penal). Tenemos una carpeta de investigación abierta hasta poder determinar la responsabilidad de algunos servidores públicos, dijo en conferencia de prensa que ofreció la tarde de ayer.

El también sobrino político del gobernador Graco Ramírez eximió de responsabilidad a su tío por estas inhumaciones y por las de Tetelcingo, realizadas durante la administración del mandatario perredista, pues dijo que el único responsable de estos hechos fue el entonces fiscal Rodrigo Dorantes Delgado, actual delegado de la PGR en Durango.

Exige Sicilia analizar cada hueso

Sobre los más de 50 fragmentos y restos óseos hallados el martes en la fosa, antes de llegar a la cama de cadáveres, Javier Sicilia, en nombre de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, exigió a la PGR que integre una carpeta de investigación por cada hueso hallado, pues no descarta que pueda tratarse de partes de cuerpos distintos.

Estas son fosas de la fiscalía. No se distinguen mucho de la pedacería que acaban de encontrar en las fosas de Veracruz, que son del crimen organizado, aseguró el poeta.

María y Amalia Hernández, voceras de familias de las víctimas, exigieron a Hortencia Figueroa, diputada local y alcaldesa de Jojutla cuando la FGE hizo estos entierros, que explique qué pasó con estos cuerpos. María Hernández consideró que el gobernador también debe ser investigado. No vamos a callar ante nada, advirtió.