Ante la evidencia suficiente de que la siembra de soya transgénica puede tener un impacto significativo en la vida y entorno de las comunidades indígenas que habitan en los alrededores donde se desarrolla ésta, así como en el entorno y el equilibrio ecológico de la zona, debe mantenerse la prohibición de ese cultivo en los municipios de Othón P. Blanco y Bacalar, en el estado de Quintana Roo, hasta que se lleve a cabo una consulta pública luego de que las comunidades indígenas, con pleno respeto a sus usos y costumbres, reciban información traducida a su lengua natal y sin tecnicismos.

Una vez realizada, conforme a los parámetros nacionales e internacionales en materia de derecho de las comunidades indígenas, el gobierno mexicano estará en condiciones de adoptar una resolución sobre la siembra de soya transgénica, señala un proyecto elaborado por el ministro Fernando Franco González Salas que será discutido hoy por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Franco González propone amparar a representantes de comunidades yucatecas asentadas en Quintana Roo en contra del permiso para la siembra de ese producto genéticamente modificado MON-04032-6, otorgado a la empresa Monsanto.

Aun cuando la licencia fue para la siembra en los estados de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz y Chiapas, la suspensión del cultivo y la realización de la consulta es exclusivamente para las comunidades quintanarroenses que promovieron dicho recurso.

De aprobarse el proyecto, Franco propone un plazo de seis meses para que las direcciones generales de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera y de Sanidad Vegetal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación lleven a cabo dicha consulta, que cumpla los parámetros internacionales para casos que involucren a comunidades indígenas, en la que se garantice que sea culturalmente adecuada, informada y de buena fe.

En su proyecto, Franco subraya que existen elementos, de acuerdo con estudios de instancias oficiales de Yucatán y del orden federal, sobre la existencia de evidencia suficiente para considerar que la liberación de soya genéticamente modificada puede tener impactos significativos para las comunidades involucradas y el equilibrio ambiental.

También sostiene que el uso del glifosato para el cultivo de soya genéticamente modificada o cualquier otro organismo también podría causar un impacto significativo en la preservación del equilibrio ecológico y el medio ambiente, así como para la protección de la biodiversidad.

Esos temas deberán ser analizados por las autoridades federales en el contexto de la consulta que lleven a cabo con las comunidades quejosas.