on fingido enojo y severo gesto compungido, un torrente de valentones oficialistas –y escuderos difusivos– se lanzan al espacio público en defensa de las instituciones. Esas a las que, con puntilloso celo, han identificado como agredidas sin razón. El coraje que despliegan, siempre ante seleccionadas audiencias, lo acompasan, con mustio enojo, exigiendo reconocimiento instantáneo a sus endechas. No dudan, tan egregios oficiantes, incluir en repetidas arengas –impregnadas de cursi indignación patria– contra escogidos transgresores. La mayoría de las veces el motivo de sus enardecidas, pero presumidamente responsables defensas, es el Ejército, otrora intocable pilar de instituciones y sobre el que recargan reproches que se asumen infundados. En otras ocasiones las encendidas defensas se levantan motivadas por alevosos ataques contra cualquiera de los poderes de la Unión, en particular al Judicial, al que suponen sujeto de críticas perversas. La Procuraduría General de la República (PGR) suele quedar con frecuencia enredada entre el fuego cruzado de inesperados o conocidos agentes, catalogados, de inmediato, como provocadores. De esta osca manera tildan a simples denunciantes, peticionarios enojados, aguerridos ciudadanos o activistas ofendidos por errores inducidos, múltiples ausencias y frecuentes triquiñuelas evasivas, casi cotidianas, de aquellos que debería sustanciar la justicia.
El cuadro escénico de tan corajudos oficiantes es ciertamente desconcertante: tanta indignación de la élite desorienta a cualquier oyente o lector desprevenido. En las ocasiones estelares no dejan de aparecer, como oficioso respaldo, nutrido séquito de campaña, otros actores, por lo común adalides privados interesados en mostrar su férreo apego al estado de derecho u otras lindezas por el estilo. Se trata, entre todos, de dar forma a un entorno de emergencia que induzca la reprobación popular contra señalados rivales y opositores. Mostrar cuerpo y voz ante momentos de dificultad o crisis es una consigna común entre la llamada superioridad. Presuponen, los de mero arriba, resanar varios cometidos: hacerse presentes ante sus pares, en especial ante el mero superior y, atraer los reflectores públicos para ocupar un sitial en la actualidad política o social. Es por eso que el secretario Osorio Chong recurre por estos opacos días a ciertos artilugios, bien conocidos, pero ciertamente gastados por el abuso. A menudo los encargados de la seguridad tratan, con desplantes y retórica, de infundir temor a decretados transgresores de la tranquilidad. Las condenas de este suspirante a candidato del PRI a la Presidencia en 2018 a la, en verdad, sugerencia de AMLO para que sus reclamantes acudan, ante el presidente Peña o el Ejército, para encontrar las explicaciones buscadas, no dejan de aparecer como lo que fueron, apreciaciones de un civil informado. Exagerar sus derivadas hasta solicitar denuncias legales es una torpeza que se convertirá, como tantos dictados desde lo alto, en humo y olvido.
Un funcionario como Osorio Chong ha ido dejando toda una estela de ineficiencias y fallas en su desempeño. Estados donde se ha presentado en varias ocasiones para instalar flamantes consejos de seguridad, tácticas instantáneas y presumidas estrategias, sufren a continuación renovados y crecientes embates del crimen organizado. El caso de las fosas veracruzanas, descubiertas por las mujeres agrupadas en el Solecito, apuntala, a la manera de cúspide, la estulticia de los órganos (federales y estatales) al cargo de la (inexistente) seguridad. La total indiferencia de fiscalías, ministerios públicos, alcaldes, PGR, gobernadores y las varias policías no sólo certifican las ausencias del Estado, sino que muestran, con horror, sus actuaciones cómplices. La hipócrita conducta del funcionariado público se muestra en todas sus miserias en el menosprecio ante el intenso dolor de los que reclaman a sus desaparecidos seres queridos. ¡Ah! Pero eso sí, que no ose AMLO en exigir respuestas por los 43 de Ayotzinapa a Peña y el Ejército, porque, entonces sí, se suceden masivos actos de desagravio y condenas altisonantes por esos mismos personajes encumbrados.
Pero el club de los valentones y sus valoraciones interesadas sigue su curso de confrontación. Por ahora se concentran en sacar adelante, con todos los medios a su disposición, incluyendo toda una batería de ilegalidades, la venidera elección en el estado de México. Las autoridades encargadas de vigilar la limpieza de dichas elecciones trata, con triste actitud, de sesgarse y pasar de largo. Deben saber que, entre el fraude electoral y los crímenes con sus desaparecidos al lado, hay una correspondencia directa. Todos esos autocalificados responsables de diversa laya no dudan en acudir, presurosos y con rampante cinismo, en malentendido auxilio de sus decadentes partidos y demás asociados.
