n un clima de creciente tensión social y gran incertidumbre política, Argentina recorre la tercera semana de manifestaciones multitudinarias contra la política económica y entreguista de Mauricio Macri.

Para hoy (miércoles 22) se prevé el arribo de la Marcha educativa federal a Plaza de Mayo, donde en simultáneo con el tercer paro docente por 48 horas tendrá lugar la conmemoración del 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia y año 41 del golpe cívico-militar de 1976.

A mediados de enero pasado, Macri despachó un decreto nacional de urgencia (DNU) con el fin de mover el emblemático feriado del 24 de marzo y hacer actos de recordación y homenaje que abarquen a todas las generaciones y a toda la sociedad argentina en su conjunto (sic). Pero frente al repudio nacional, el DNU quedó sin efecto.

Sin embargo, el intento de impulsar un concepto de reconciliación nacional (sic) que busca poner fin a la búsqueda de memoria, verdad y justicia frente a los crímenes del genocidio en 600 centros clandestinos de detención prosiguió con otras provocaciones de baja estofa.

En días pasados, a un mes del 40 aniversario de la primera ronda de las Madres de Plaza de Mayo, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, conducido por Horacio Rodríguez Larreta, colocó monolitos de 100 kilos alrededor de la histórica pirámide y sobre los pañuelos de las madres pintados en las baldosas de la plaza. A modo de museo de sitio, los monolitos exhibían imágenes describiendo la historia, de la Colonia a la actualidad, secuencia que cínicamente omitía a las madres, símbolo mundial de los derechos humanos.

El desprecio del macrismo por la memoria del pueblo argentino no es casual ni circunstancial. Según el investigador Pablo Llonto, “…la verdadera voluntad del gobierno apunta a cercenar derechos y, en materia de juicio y castigo a los responsables del terrorismo de Estado, su eje persigue la libertad de los genocidas y la impunidad para los responsables civiles del horror y la muerte”.

En el libro colectivo Macri lo hizo (Ed. Peña Lilio, Buenos Aires, 2016), Llonto estima que la política de Macri y Claudio Avruj (secretario de Derechos Humanos), “…responde sin dudas al oprobioso editorial del diario de los Mitre ( La Nación), que en su editorial del 23 de noviembre de 2015 recurrió a un título revelador: ‘No más venganza’”. Texto que mereció el duro repudio de los propios trabajadores de un medio que nació para justificar el genocidio de Argentina y Brasil en la guerra del Paraguay (1864-70), y defender, desde entonces, las políticas oligárquicas y pro imperialistas.

Los registros de Llonto son demoledores. El programa Memoria en movimiento (dependiente de la Secretaría de Comunicación Pública) sufrió mermas y pasó a llamarse Unidad de ética y moral de las fuerzas (sic)… pero con funciones distintas a las que tenía. Y en la Secretaría de Derechos Humanos (que depende del Ministerio de Justicia) fueron despedidas 55 personas.

Asimismo, se desmontó el programa Verdad y Justicia, que elaboraba informes sobre la situación represiva de diversos destacamentos de las tres fuerzas armadas (utilizados como importante prueba para los jueces), e igual suerte corrieron las áreas de derechos humanos del Banco Central y de la Comisión Nacional de Valores donde se revisaban sistemáticamente, archivos, documentación y legajos para realizar aportes a los juicios. “Por lo que hoy – añade Llonto– no hay dependencia estatal en la que se estudien, investigue y redacten las conclusiones para los fiscales o magistrados.”

Llonto apunta que en la provincia de Buenos Aires, el nuevo secretario de Derechos Humanos, Santiago Cantón, eliminó la Dirección Provincial de Políticas Reparatorias, dependencia que desde 2012 buscaba la reparación integral de las víctimas, dejando sin efecto la posibilidad de profundizar sobre las complicidades civiles y empresariales, de los medios de comunicación, eclesiásticas y de la justicia.

Cantón removió la señalización de 40 centros clandestinos, que facilitaba el recorrido de localidades donde el mundialmente prestigiado Equipo Argentino de Antropología Forense obtuvo 2 mil 66 muestras de sangre de familiares de desaparecidos. Por su lado, el ministro de Justicia, Germán Garavano, ordenó que 11 mil notas del archivo digital Infojus dejaran de estar disponibles o accesibles (83 por ciento del contenido de la agencia y con ello buena parte de la historia de las sentencias de lesa humanidad y de los juicios orales).

Igualmente, Llonto informa que varios cargos oficiales fueron ocupados en la provincia por partidarios del terrorismo de Estado: Juan Ignacio Hartridge, (sobrino del dictador Videla), coordinador de prensa en el municipio de Morón; Santiago de Estrada (secretario de Seguridad Social en la dictadura) fue nombrado secretario de Culto en la cancillería, y Juan Manuel Lucioni (asistente a los actos de homenaje a militares organizados por la Unión de Promociones del Ejército), oficial de secretario de Seguridad en el municipio de Tres de Febrero.