En la actualidad, 9.2 millones de personas carecen de agua potable, pero los estados del sureste del país –donde se encuentra el 50 por ciento del líquido nacional– son los que padecen mayor rezago del servicio.

Ahí la carencia afecta, en promedio, a una de cada cuatro personas. Este año, frente a este panorama, el gobierno federal redujo el presupuesto al sector, y en varias ciudades se impulsa la privatización del suministro del líquido.

Mañana miércoles se conmemora el Día Mundial del Agua, con el lema Aguas residuales, ¿por qué desperdiciar el agua? Se estima que en el mundo más de 80 por ciento del líquido residual que se genera vuelve a los ecosistemas sin ser tratado ni reciclado, y hay mil 800 millones de personas que usan alguna fuente contaminada por material fecal, lo que las pone en riesgo de contraer cólera, disentería, tifus o polio, según información de Naciones Unidas.

En México se trata 52.8 por ciento de las aguas sucias en 2 mil 337 plantas, indica la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Menos recursos

En relación con el rezago en el servicio de agua potable, en Guerrero está afectada 34 por ciento de la población, en Chiapas 17.6, en Oaxaca 21.7, en Tabasco 23.6 y en Veracruz 14.2 por ciento, de acuerdo con los datos hasta 2015 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Con la reducción de 40 por ciento del presupuesto entre 2016 y 2017 –este año la Conagua cuenta con alrededor de 26 mil millones de pesos–, se relanzó la estrategia de privatización de servicios en este renglón, la cual se buscó aplicar en Mexicali, Baja California, y en Ramos Arizpe, Coahuila, pero fracasó ante la movilización ciudadana.

Frente a esta tendencia y al retraso en la aprobación de la Ley General de Aguas que garantice el derecho humano a ésta, asentado en la Constitución, en los estados se han comenzado a trabajar legislaciones, explicó Elena Burns de la agrupación Agua para Todos, Agua para la Vida. Esto ocurre en Baja California, Morelos, Puebla, ciudad de México y Veracruz.

En Aguascalientes, Saltillo, Quintana Roo, Veracruz, Puebla y la Ciudad de México, donde algunas fases del servicio están a cargo de empresas particulares, las consecuencias de la privatización han sido alzas en las tarifas; se da prioridad a usuarios que aportan más ingresos, con lo cual dejan zonas marginales sin acceso; mala calidad del líquido; políticas agresivas de cortes, especialmente en zonas populares; recortes laborales y reducciones salariales, y la sobrexplotación de los recursos naturales, indica un manual de Agua para Todos.

No es de sorprender, agrega, “que haya proliferado una cultura de opacidad y corrupción: mordidas; ‘licitaciones’ predeterminadas; información financiera falsa; incumplimiento con las inversiones convenidas, control privado de los datos sobre los usuarios, así como impunidad frente a la violación de contratos, concesiones y derechos humanos”.

Burns apuntó que hay 236 ciudades en el mundo en las que se privatizó el servicio de agua potable y alcantarillado; las urbes, frente a las deficiencias que esto implicó, regresaron al sector público con un nuevo esquema.