Entre diciembre de 2015 y el mismo mes de 2016, el Instituto Nacional de Migración (INM) impidió el ingreso a México a 8 mil 991 ciudadanos extranjeros en las terminales 1 y 2 del aeropuerto de Ciudad de México. Sin embargo, el organismo deberá desglosar las razones por las que no se les permitió entrar al país, así como el país de origen, según lo instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

Al resolver un recurso de revisión en contra de la respuesta –incompleta– que ofreció el INM, se determinó que ‘‘si es necesario restringir o impedir el ingreso al país, tal decisión debe estar debidamente justificada y basada en todo momento en los derechos humanos de las personas involucradas’’, argumentó el comisionado ponente, Joel Salas.

Según la Constitución, toda persona que entra al país goza de la protección de sus derechos humanos que se desprenden de la Carta Magna y de los tratados internacionales firmados por México. Detalló que en respuesta a la solicitud, el INM sólo dio datos estadísticos: a 4 mil 839 personas se les impidió el ingreso en la terminal 1 y a 4 mil 602 en la terminal 2 de la terminal aérea capitalina.

Al justificar la negativa a abundar en detalles de la información, el INM aseveró que al entregar mayores datos se pondría en riesgo la intimidad de las personas, lo que no fue admitido por el Inai, el cual determinó: en la medida en que no se incluye el nombre de la persona, desglosar nacionalidad y causa del impedimento no implica violación a sus derechos.

Por ello, el nombre de la persona es el único dato susceptible de ser clasificado y el INM deberá entregar el resto de la información.

En la argumentación, Salas recordó que en diciembre de 2015, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió nueve recomendaciones al INM, después de que se detectó que 17 de sus funcionarios incurrieron en violaciones a las garantías de 21 personas en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez.