En la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso Ayotzinapa, los familiares de las víctimas acusaron al gobierno de México de seguir ocultando datos valiosos en la indagatoria sobre la desaparición de los estudiantes, para así evitar que se llegue a la verdad de lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014.

Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, pidió a los padres y madres de las víctimas que, aunque significa un terrible dolor para ellos, consideren la validez de la llamada verdad histórica, según la cual los 43 normalistas fueron asesinados y quemados en el basurero de Cocula.

Al iniciar el encuentro, celebrado ayer en Washington DC, el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Mario Patrón, subrayó que el gobierno de México se ha negado de manera vergonzosa a investigar las irregularidades cometidas por diversos funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR).

En esa misma tónica, un grupo de padres y madres de los normalistas lamentaron que el Estado no ha hecho nada por encontrar a sus hijos, y en cambio sí ha tratado de encubrir a diversos funcionarios acusados de manipular la indagatoria oficial sobre Ayotzinapa.

Han sido 30 meses [desde la desaparición de sus hijos] de puras mentiras del gobierno, denunciaron los familiares de los 43, luego de presentar un video donde César Alejandro Chávez Flores, ex visitador de la PGR, admite haber sido presionado para cambiar un estudio donde señalaba irregularidades graves de dicha institución en el caso Iguala.

En respuesta a esos señalamientos, funcionarios de la PGR y las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores aseguraron que el Estado mexicano ha mostrado voluntad para resolver el tema y enumeraron una serie de acciones de búsqueda para comprobarlo, además de que han sido detenidas 128 personas acusadas de participar en la agresión contra los normalistas.

Aseguraron que ya se consideran todas las líneas de investigación sugeridas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), incluido el uso de camiones de pasajeros para traficar drogas hacia Estados Unidos, y que están esperando respuesta de Washington a una petición de asistencia jurídica sobre el tema.

Informaron que continúan analizando el uso de los teléfonos celulares de los normalistas tras la desaparición y que los estudiantes heridos la noche del 26 de septiembre de 2014 han recibido una atención médica integral.

Tras escuchar a ambas partes, los comisionados de la CIDH formularon preguntas a los representantes del gobierno sobre los obstáculos en la búsqueda de los 43 y las presiones contra el ex visitador de la PGR, las cuales no fueron respondidas por los funcionarios.

Incluso, el comisionado Paulo Vanucchi propuso que el Estado mexicano haga un esfuerzo para resolver el caso Ayotzinapa antes de que cumpla tres años de ocurrido, y enfatizó que si el gobierno del país tuvo la capacidad de encontrar al supuesto narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, también la tiene para dar con el paradero de los normalistas.

En la última intervención de los delegados del gobierno de México hubo tensión, cuando el subsecretario Roberto Campa preguntó a los familiares de las víctimas si considerarían la posibilidad de que sea cierta la verdad histórica.

Entendemos que se trata de una hipótesis que significa un terrible dolor para los padres, pero nos parece que ésta debe ser también una hipótesis en la investigación, aseveró Campa.

De inmediato, el director del Centro Prodh, Mario Patrón, hizo notar que ello implica un rechazo a las conclusiones del GIEI, organismo que descartó la factibilidad de que los 43 normalistas hayan sido asesinados y quemados en el basurero de Cocula, conclusión a la que han llegado también los integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense, así como investigadores mexicanos.