Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), colectivos de familiares de víctimas, organizaciones defensoras de las garantías básicas y representantes del sector empresarial reclamarán este viernes la falta de autonomía e independencia en la procuración de justicia en México, y pedirán al organismo regional que siga de cerca el proceso de transformación de la Procuraduría General de la República (PGR) en una fiscalía.

El primer día de trabajos públicos del 161 periodo de sesiones de la CIDH estará dedicado de manera exclusiva a México, donde, entre otros casos, se abordará con los representantes del Estado mexicano el mecanismo especial de seguimiento para el caso Ayotzinapa.

En las sesiones –se tienen previstas cuatro con diversos temas–, se prevén también fuertes reclamos de las organizaciones civiles y de familiares de víctimas al Estado mexicano por incumplir con su obligación de garantizar el derecho a la verdad en casos de violaciones graves de derechos humanos, tanto los ocurridos en el pasado como las presentes.

Además, se prevé un cuestionamiento al Estado mexicano por negarse de manera sistemática a reconocer oficialmente la existencia de violaciones graves a derechos humanos, como las masacres de migrantes ocurridas en San Fernando, Tamaulipas, en 2010 y 2011, y la de Cadereyta, Nuevo León, de 2012.

Marisol Flores Ayala, abogada de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Fjedd), una de las organizaciones peticionarias en el tema de acceso a la verdad, señaló que estas violaciones prácticamente están en el olvido por parte del Estado mexicano, por falta de mecanismos de rendición de cuentas, investigaciones inexistentes o deficientes, ausencia de un buen sistema de archivos o de un sistema forense,

En entrevista, la abogada, quien ya se encuentra en Washington para participar en la sesión de la CIDH, destacó que ninguna de las investigaciones de estos tres casos está integrada para conocer la participación del Estado, además de que son notoriamente deficientes.

Incluso, dijo que en el caso de Cadereyta, ni siquiera hay, hasta el momento, una línea de investigación clara, que lleve a la verdad de los hechos en el que fueron encontrados 49 cadáveres mutilados.

Por su parte, Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Democracia y Derechos Humanos, una de las organizaciones peticionarias de la independencia y procuración de justicia, destacó la necesidad de que la transición de la PGR a la Fiscalía debe concluir, por bien de todos, en la creación de un organismo con absoluta independencia política, de funcionamiento y presupuestal del gobierno federal.

La disyuntiva es muy clara: mantener la simulación, de cambiar para que todo siga igual, o que realmente haya un compromiso de generar condiciones para desarrollar una fiscalía autónoma, con capacidad de investigación, con suficientes recursos, desarrollo profesional de sus integrantes, entre otras cosas, dijo.