l crimen –organizado o no– ha rebasado por mucho al inquilino de Los Pinos y su presunta estrategia en materia de seguridad, de tal suerte que, como sucedió con Calderón, Peña Nieto es totalmente dependiente de las fuerzas armadas en su desesperado intento por legitimar su permanencia en la residencia oficial. Falló antes, falla ahora.

De piropo progresivo, el susodicho se aventó la puntada de calificar a las fuerzas armadas de institución de instituciones, en un país que se presume pacifista, porque, según dijo, cada día se acrecienta en mi fuero interno mi reconocimiento a la labor incansable que realizan para defender a México.

Es un creyente, según sus palabras, de que las fuerzas armadas le sacarán las castañas del fuego, y aunque sabe –o debería– que eso no es posible de acuerdo con el marco legal vigente, insiste en darle la vuelta contando para ello con tres elementos fundamentales: una ley de seguridad interior, un Congreso a su servicio y una ciudadanía mayoritariamente desinformada sobre qué sí y qué no pueden realizar las fuerzas armadas, y tal vez dispuesta a pagar cualquier precio siempre que alguien le resuelva el problema.

Sirva de contexto lo anterior para entender los resultados de la más reciente encuesta levantada por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, que en su parte toral reconoce que el 59.1 por ciento de la población encuestada no está enterada de que en el Congreso de la Unión se está discutiendo la ley (de seguridad interior) que regulará (léase legalizará) el papel de las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado, 39.6 por ciento sí lo sabe y 1.3 por ciento no sabe/no contesta. De dicho ejercicio se toma la siguiente numeralia. Va, pues.

Cincuenta y cinco por ciento manifiesta no estar de acuerdo con que una ley faculte a las fuerzas armadas (Ejército, Marina) para intervenir comunicaciones y recolectar información privada; 41.3 por ciento sí está de acuerdo, y 3.7 por ciento no sabe/no contesta; 68.4 por ciento afirma estar de acuerdo con que una ley otorgue un marco legal de actuación a las fuerzas armadas (Ejército, Marina) en tareas de seguridad que competen a los cuerpos policiacos; 28.8 no está de acuerdo y 2.8 no sabe/no contesta.

Al preguntarle al universo de encuestados si está de acuerdo con que una ley faculte al Ejército para realizar funciones de investigación como Ministerio Público, 60.7 por ciento está de acuerdo, 35.4 no y 3.9 no sabe/no contesta.

Considerando que esta ley pudiera facultar al Ejército para replegar manifestaciones por la fuerza, 24.2 por ciento opina estar de acuerdo, 74.1 por ciento no está de acuerdo, y 1.7 por ciento no sabe/no contesta. En este mismo tenor, qué tan de acuerdo estarían en que dicha ley otorgue un marco legal de actuación a las fuerzas armadas para realizar labores de combate al crimen organizado que compete a los cuerpos policiacos: 77.3 por ciento señala estar de acuerdo, 19.9 no y 2.8 no sabe/no contesta.

Al cuestionar cómo calificaría los esfuerzos del gobierno para fortalecer a los cuerpos policiacos, 4.2 por ciento indica que ha sido muy bueno, 31 bueno, 31.6 malo, 27.3 muy malo y 5.9 no sabe/no contesta.

Sobre el grado de confianza que existe en los cuerpos policiacos, el resultado fue el siguiente: policías estatales: mucho 3.4 por ciento; algo/poco, 40.9, no confía 54.3, 1.3% no sabe/no contesta. Policías municipales: mucho 3.3; algo/poco 37.6; no confía 58 y 1.1 no sabe/no contesta. Policía Federal o Gendarmería: mucho 9.6 por ciento; algo/poco 56.2; no confía 30.9 y 3.3 no sabe/no contesta.

Ejército: mucho 38.6 por ciento; algo/poco 49.7; no confía 10.3 y 1.4 no sabe/no contesta. Marina: mucho 45.8; algo/poco 41.2, no confía 8.4 y 4.6 no sabe/no contesta.

El 64.6 por ciento de los entrevistados opina que la presencia de las fuerzas armadas en labores de patrullaje sí ha sido útil para el combate a la inseguridad pública y/o al crimen organizado, 32.9 que no, y 2.6 no sabe/no contesta. Aunado a ello, 64.2 por ciento señala que la presencia de las fuerzas armadas sí contribuye al cumplimiento de las leyes, 31.2 cree que no contribuyen, y 4.6 no sabe/no contesta.

En opinión de los encuestados 55.6 por ciento considera que la tarea de combate al crimen organizado le corresponde a la Marina y al Ejército, 41.3 que no les corresponde, y 3.1 no sabe/no contesta.

Ante las opiniones de las organizaciones de la sociedad civil que manifiestan que la ley que regula el actuar de las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado es una forma de legalizar la impunidad ante casos de graves violaciones a derechos humanos cometidos por elementos militares, 43.6 por ciento indica estar de acuerdo con dicha opinión, 45.6 en desacuerdo, 5.9 ni uno ni otro y 5 no sabe/no contesta.

En relación a qué tan de acuerdo estaría en que la ley faculte al Ejército para recibir denuncias, hacer detenciones y/o tomar declaraciones de testigos en caso de verse involucrado en algún delito, 62.3 por ciento asegura estar de acuerdo, 35 que no lo está y 2.7 no sabe/no contesta.

Con base en la percepción del sistema judicial actual se le pregunta al universo de encuestados si considera viable una coordinación entre autoridades militares y ministerios públicos, 72.2 por ciento manifiesta que sí sería realizable, 24.1 que no y 3.7 no sabe/no contesta.

Al preguntarle a los entrevistados si en México se respetan los derechos humanos, 16.2 por ciento lo afirma, 79.6 cree que no se respetan y 4.2 no sabe/no contesta. En opinión de 79.6 por ciento que cree que no se respetan los derechos humanos, mencionaron las siguientes causas: corrupción (49.9 por ciento), impunidad (16), crisis política (6.3), ineficacia de los grupos de seguridad (2.8), narcotráfico (1.8) y 2.8 no sabe/no contesta.

Sin embargo, 65.1 por ciento del universo encuestado cree que con la aprobación de la ley se podrían prevenir posibles violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército y la Marina, 27.8 que no y 7.1 no sabe/no contesta.

El 24.1 por ciento de la población encuestada cree que con la aprobación de la ley se permitirá al Ejército y a la Marina combatir a la delincuencia organizada, 7.1 considera que incrementarán los abusos a civiles, 25.7 manifiesta que disminuirán los abusos a civiles, 34.7 opina que seguirá igual, y 8.4 no sabe/no contesta.

Las rebanadas del pastel

Entonces, ¿ley de seguridad interior sin conocimiento ciudadano y al precio que sea?

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