s peligrosa e indicativa de una desesperación electoral que puede incrementar este tipo de episodios, la pretensión gubernamental de contraponer a un virtual candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), con las fuerzas armadas. Sería exagerado hablar de una tentativa de golpismo, pero un alineamiento de baterías oficiales contra un opositor, acusándolo de deshonrar a las instituciones militares que podría llegar a jefaturar, y de privilegiar a los delincuentes sobre las instituciones, es una forma sin disimulo de pretender el cierre de las puertas comiciales mediante una suerte de lapidación mediática y discursiva previa a las urnas: López Obrador, un peligro para (las fuerzas armadas de) México.

El secretario de Gobernación, el vocero de la Presidencia de la República y el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional han tomado como referente para este nuevo ataque al político tabasqueño las respuestas circunstanciales que dio a uno de los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, señalando que la exigencia de responsabilidades por lo sucedido en Iguala debe hacerse a Enrique Peña Nieto y al Ejército.

A partir de ese planteamiento del virtual tricandidato presidencial se ha montado una espiral de escandalizado azoro oficial, como si los señalamientos hacia el ocupante de Los Pinos y los mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional fueran novedosos o infundados. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que actuó mediante acuerdo entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el propio gobierno peñista, ha documentado con amplitud los puntos ciegos de las investigaciones oficiales en que aparecen indicios fuertes de manipulaciones o escamoteos informativos que apuntan hacia órdenes absolutamente superiores. Los propios familiares de los 43 han señalado a esas instituciones, la Presidencia de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional, con exigencias de que haya transparencia y verdad.

Es, más bien, el aparato gubernamental el que debe respuestas y claridad a los ciudadanos mexicanos, pero Miguel Ángel Osorio Chong se envuelve en la bandera de la legalidad (tan maltratada por esos mismos funcionarios públicos) para exigir a AMLO que salga de su confort, comparezca ante una agencia del Ministerio Público y aporte pruebas de sus dichos, lamentando que el dirigente de Morena, con sus palabras, lastime a militares y familias mexicanas. Eduardo Sánchez Hernández, vocero de Los Pinos, se dijo indignado por la acusación lopezobradorista, sobre todo porque es falsa y rotundamente injusta. Y Ochoa Reza, encargado formal del PRI, tuiteó que es indigno que AMLO aspire a ser el comandante supremo de las fuerzas armadas.

Oponerse a la forma en que son conducidos los asuntos públicos, sobre todo en un punto crucial como es el de los 43, es un derecho de los ciudadanos y, desde luego, de los dirigentes políticos y los aspirantes a presidir el país. Criticar, incluso con dureza, lo hecho por los altos mandos nacionales no significa ofender o faltar al respeto a las bases burocráticas o militares que están bajo las órdenes de esos mandos. Fomentar falsos escenarios de agravio generalizado hacia las fuerzas armadas implica endurecer el aparato gubernamental frente a la crítica y la oposición e incluso crear condiciones materiales para acciones directas contra los opinantes indeseados y, en su momento, la comisión de acciones electorales patrióticas para impedir que el adversario tempranamente satanizado pueda tomar el timón nacional. Las indignadas declaraciones de destacados miembros del peñismo, contra un opositor al que no encuentran cómo frenar, equivalen a jugar con fuego. Fuego electoral, político, social.

Rosario Robles Berlanga explicó ayer a poblanos la razón por la cual un programa de estímulos a la vivienda arrancó en determinada entidad: Ni modo, gana el estado de México porque tenemos un Presidente mexiquense, pero luego siguió Puebla, porque tenemos muchos poblanos en el gobierno. Dado que tal preferencia tiene como contexto el proceso para elegir gobernador, en medio de una cascada de apoyos del gobierno federal que suenan a maniobras para compra del voto, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), dijo confiar en que los mexiquenses no son gente manipulable, sino gente de mucha dignidad y que no anda vendiendo, ni nadie les anda comprando el voto; creo que la gente a la hora de votar lo hace con mucha conciencia y con mucha responsabilidad (https://goo.gl/aZluYh).

La fuga de Juan José Esparragoza Monzón, de una cárcel de Culiacán, confirma que el poder del cártel de Sinaloa, o del Pacífico, no ha menguado tanto como pareciera luego de la detención y posterior extradición de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. Hijo de uno de los tres fundadores de esa próspera organización delictiva, Esparragoza Monzón no cumplió ni dos meses bajo arresto. Su padre, Juan José Esparragoza Moreno, alias el Azul, es mencionado como difunto, pero no hay ninguna constancia de tal deceso. El otro fundador, Ismael Zambada García, alias El Mayo, sigue activo, a la sombra, dedicado a difíciles tareas de diplomacia en ese mundo violento, para mantener la cohesión de ese cártel cuya fuerza y expansión se mantienen, a pesar de no ser el favorito del sexenio.

En Veracruz continúa la comprobación de la barbarie, con el descubrimiento de nuevas fosas con restos humanos. Operaciones constantes de desaparición de personas, ejecuciones masivas y sepultamientos clandestinos sólo pudieron realizarse con la participación de grupos policiacos de los ámbitos locales (municipales y estatal) y de los políticos gobernantes en esos niveles, y resultaría increíble que tales dimensiones delictivas no fueran cuando menos conocidas por los múltiples y obsesivos órganos de inteligencia e información del gobierno federal, y sus políticos gobernantes en turno, cuando menos en los dos sexenios veracruzanos anteriores al actual. ¡Hasta el próximo lunes!

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