El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) determinó reservar referencias relacionadas con las autorizaciones que han otorgado juzgados federales para realizar intervenciones de conversaciones telefónicas con el argumento de que pueden entorpecer la facultad investigadora del Ministerio Público federal. A pesar de que el proyecto original planteaba la posibilidad de que el Consejo de la Judicatura entregara versiones públicas, se revirtió el sentido de la resolución.

Por un voto de diferencia, la mayoría cerró la posibilidad a divulgar la información.

El comisionado ponente, Joel Salas, explicó que la información relacionada con las conversaciones susceptible de clasificarse sería lo inherente a los hechos y antecedentes del caso, lugar de la intervención, partes policiales, etcétera. Sin embargo, no es el caso cuando se trata de información genérica, no solamente estadísticas de las intervenciones telefónicas.

En igual sentido se pronunciaron los comisionados Areli Cano y Óscar Guerra, para quienes era compatible entregar una versión pública que salvaguardara la confidencialidad y al mismo tiempo dejara satisfechos los requerimientos de información de un particular.

Sin embargo, cuatro comisionados se pronunciaron en contra, entre ellos Francisco Javier Acuña, quien señaló: la entrega de las versiones públicas que se propone propiciaría el entorpecimiento de la facultad investigadora y de la prevención y persecución de los delitos llevada a cabo por el Ministerio Público.

A su vez, la comisionada Patricia Kurczyn aseveró que esta información que se solicita está relacionada con la actividad persecutora de los delitos por parte del Ministerio Público y la Policía Federal para aportar elementos para el ejercicio de la acción penal, motivo por el cual se pronunció en contra de su apertura. La comisionada presidenta, Ximena Puente, y Rosendoevgueni Monterrey Chepov conformaron el bloque para cancelar la posibilidad de la entrega de la información.

En otro orden de ideas, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) deberá entregar versión pública de la auditoría forense realizada a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) sobre el Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural”. El documento en cuestión deberá ser el contenido íntegro de la auditoría y no sólo la versión resumida que comúnmente hace pública la ASF.