San Cristóbal de Las Casas, Chis.

El ayuntamiento de Chenalhó, encabezado por Rosa Pérez Pérez, retomó este martes el palacio municipal, después de 10 meses de que fue obligada a renunciar y el edificio quedó en manos de sus opositores.

Pérez Pérez, primera mujer en gobernar ese municipio indígena, arribó a las 11 horas a la cabecera municipal, donde fue recibida por unos 300 simpatizantes, con quienes sostuvo una reunión; hora y media más tarde ingresó a la alcaldía junto con el resto del cabildo, mientras vigilaban unos 200 policías.

Presionada por sus opositores y funcionarios estatales, Rosa Pérez solicitó licencia al cargo el 26 de mayo pasado y el Congreso local designó alcalde sustituto a Miguel Sántiz Álvarez.

El 17 de agosto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó su restitución, pero no pudo retornar al palacio municipal, por lo que despachaba en San Cristóbal.

Para preparar su regreso, el 22 de febrero pasado cientos de sus seguidores desalojaron violentamente a los simpatizantes de Sántiz Álvarez y desde entonces mantenían en su poder el palacio; eso, y un enfrentamiento posterior entre partidarios de ambos bandos, ha dejado dos muertos –uno de ellos hijo del alcalde sustituto– y más de una docena de heridos.

Ayer, una vez que tomó posesión del edificio, Pérez Pérez agradeció al TEPJF que haya ordenado su restitución y aseguró que gobernará para todos los habitantes del municipio.

En un documento, el sacerdote Manuel Pérez Gómez y demás servidores de la parroquia de Chenalhó manifestaron su profunda preocupación por la situación de violencia que prevalece por la disputa de la alcaldía.

Recordaron cómo llegó la masacre de Acteal (ocurrida el 22 de diciembre de 1997, que dejó 45 muertos), perteneciente a Chenalhó, y vemos con gran preocupación cómo parece repetirse la historia: actos de violencia, amenazas, muertos, heridos, desplazados, casas quemadas, actuación de grupos armados, tráfico de armas.

Reiteraron que “el sufrimiento en nuestro municipio tiene ahora el rostro concreto de más de 200 desplazados, de las familias de los cuatro muertos –dos en mayo de 2016 y dos entre febrero y marzo de este año–, además de que entre la población se ha extendido el sentimiento de miedo, temor, enojo y desamparo, que junto con la profunda división que aqueja a los pedranos no prometen un futuro de paz, sino al contrario, de malestar y violencia agravados”.

Ante tal situación, exigieron a los gobiernos federal y estatal que dejen de tolerar la impunidad y propiciar el desorden social; que desarmen a los grupos armados, que investiguen las redes de tráfico de armas, así como las fuentes de financiamiento y castiguen a los culpables.

Demandaron a las autoridades chiapanecas que busquen una solución de consenso y de diálogo con los ciudadanos como actores principales, no los partidos políticos ni los contendientes directos.