Zacatecas, Zac.

El gobierno de Zacatecas enfrenta 25 amparos promovidos por empresas mineras nacionales y extranjeras y dos más interpuestos por la industria cervecera, así como una controversia constitucional impulsada desde la consejería jurídica de la Presidencia de la República, con los cuales se pretende eliminar el cobro de impuestos a las industrias que contaminan el aire, agua y suelo de la entidad.

La administración estatal, que encabeza el priísta Alejandro Tello Cristerna –quien asumió el cargo hace seis meses, con finanzas locales en quiebra heredadas por el ex gobernador Miguel Alonso Reyes, actual titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo–, combate en el ámbito jurídico los 27 amparos y la controversia constitucional presidencial, pues busca demostrar ante tribunales federales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que son válidos los gravámenes locales recientemente creados para sancionar la contaminación al medio ambiente.

En entrevista, Jehú Eduí Salas Dávila, coordinador general jurídico del gobierno estatal, informó que el 28 de marzo es la fecha límite para responder a la controversia interpuesta ante la SCJN por el gobierno federal de Enrique Peña Nieto.

En este caso, la Federación argumenta que regular la minería es una atribución reservada al gobierno federal, mientras la administración estatal sostiene con base en el texto constitucional que es una facultad concurrente, que tanto el gobierno federal como los estados del país pueden definir medidas de control para normar esta actividad.

Aprobación de diputados

Salas Dávila recordó que el emplazamiento de la SCJN para responder la controversia constitucional presidencial corresponde al gobierno estatal y al Congreso local, ya que si bien la iniciativa de cobrar los nuevos impuestos fue del titular del Poder Ejecutivo, los diputados locales aprobaron la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2017, que incluye esos gravámenes.

Consideró que la controversia va más allá del ámbito jurídico y toca un dogma político que se ha debatido durante siglos en México: si existe el federalismo y hasta dónde pueden ejercer su soberanía los 32 estados de la República Mexicana.