Madrid.

Artur Mas, presidente de Cataluña entre 2010 y 2016, y delfín político del histórico líder nacionalista catalán Jordi Pujol, fue condenado este lunes a dos años de inhabilitación y a pagar una multa de 36 mil euros (unos 800 mil pesos mexicanos) luego de ser encontrado culpable del delito de desobediencia.

El auto judicial emitido por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) se refiere a los hechos tras la convocatoria y ejecución de la consulta popular del 9 de noviembre de 2014 para conocer la opinión de la sociedad catalana sobre un proceso de independencia de España.

El ex presidente catalán anunció que llevará su causa ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, luego de denunciar que la justicia en España no es igual para todos, y añadió que en su país se persigue a la gente por sus ideas políticas; seguiremos con nuestro proceso de independencia, le pese a quien le pese.

Artur Mas, en su calidad de presidente del gobierno catalán; Joana Ortega, como vicepresidenta, y la entonces consejera de Educación, Irene Rigau, también fueron condenados a penas de inhabilitación, lo que se traducirá en que al menos en los próximos dos años no podrán ejercer ningún cargo público ni de elección popular.

Las condenas fueron las mínimas contempladas en la legislación española y muy inferiores a las que solicitaba el fiscal Emilio Sánchez Ulled, quien había pedido una sanción de 10 años de inhabilitación.

Los hechos a los que se refiere la sentencia se remontan al 9 de noviembre de 2014, cuando se convocó a una consulta ciudadana en la que se sacaron las urnas a las calles para que participaran más de 2 millones y medio de ciudadanos. Se les preguntó sobre un proceso de independencia del Estado español, que fue ampliamente respaldado, con más de 80 por ciento a favor de iniciar de forma unilateral la secesión de España.

El hecho delictivo, de acuerdo con el tribunal español, es que el gobierno catalán de entonces actuó de manera ilegal, pues el Tribunal Constitucional le había advertido previamente que no podía llevar a cabo esa iniciativa porque podría vulnerar derechos constitucionales básicos, además de que le insistió en que no tenía competencia para convocar y celebrar un referendo de esas características. Artur Mas y su gobierno decidieron seguir adelante con el ejercicio y en lugar de llamarlo referendo le nombraron consulta ciudadana y señalaron que en todo caso, el resultado no era vinculante.

Desde el gobierno central español del derechista Mariano Rajoy se celebró la sentencia judicial. También festejó el Partido Socialista Obrero Español. Del lado de los opositores Podemos, Izquierda Unida y Bildu se tildó de antidemocrático que el sistema penal de España considere delito sacar las urnas a las calles para que la ciudadanía vote.