La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) determinó que la plaza comercial Terrazas Arenal trabaja con permisos vencidos hace más de un año y sus dictámenes técnicos son ilegales, por lo que solicitó la suspensión de las obras ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Habitantes del pueblo de Santa María Tepepan exigieron que el desarrollo sea clausurada de manera definitiva por las autoridades y no se otorguen de nueva cuenta permisos de construcción, pues se carece de las condiciones de vialidad y de servicios para soportar una obra de esa naturaleza.

De acuerdo con la resolución emitida el pasado 9 de marzo, explicaron que los desarrolladores no han cumplido con las condicionantes de integración urbana en materia de vialidad, agua y drenaje, así como en las materias de espacio público, de riesgo, equidad y entorno urbano.

El dictamen de estudio de impacto urbano expedido por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda concluyó su vigencia el 25 de abril del año pasado y la dependencia no informó si se prorrogó un año más, por lo que el Instituto de Verificación Administrativa inició un procedimiento para determinar su vigencia e imponer las medidas y sanciones procedentes.

La PAOT solicitó además a la delegación Xochimilco que deje sin efectos el registro de manifestación de construcción tipo C, ya que no cuenta con el estudio de impacto urbano vigente, y detectó que el dictamen técnico para demolición y obra nueva emitido por la Seduvi no contiene los lineamientos técnicos ni las bases para emitirlos, por lo que resultan ilegales.

Asimismo, alertó que la situación del predio ubicado en calzada El Arenal 651, pueblo de Santa María Tepepan, es de riesgo alto para cuatro viviendas localizadas en las inmediaciones, lo que llevó a la suspensión total de los trabajos, el 26 de enero del año pasado.

Sin embargo, en los reconocimientos de hechos realizados el 17 de noviembre y el 8 de marzo pasados, se constató que los sellos habían sido retirados, por lo que toca a la delegación substanciar el procedimiento administrativo para mitigar ese riesgo que prevalece en el inmueble y las viviendas.

Por ello, solicitó a la segunda sala del TCA que ordene la suspensión de la obra en tanto se resuelve el juicio solicitado por los habitantes del poblado, quienes continuaremos por la vía jurídica para cancelar ese proyecto.