La Procuraduría General de la República (PGR) presentó 39 conceptos de invalidez de la Constitución Política de la Ciudad de México en la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con los que busca invalidar artículos referentes a la eutanasia, uso terapéutico de la mariguana y planificación familiar; derechos humanos, derechos laborales, libertad de culto, libertad de expresión y regulación de sitios arqueológicos e históricos, entre otros.

La acción de inconstitucionalidad presentada por la PGR se suma a las que interpusieron los partidos Morena y Nueva Alianza, así como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y al amparo que presentó el litigante Javier Quijano, que ya fueron admitidas a trámite por el máximo tribunal.

En su demanda se precisan una serie de presuntas violaciones a la Carta Magna general, la mayoría por violar la esfera de competencia del Congreso de la Unión.

Por ejemplo, señala que la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México no estaba facultada para legislar sobre derechos humanos, salubridad general, justicia penal sobre adolescentes, derecho de asociación e igualdad de derechos en los que presuntamente se afecta a las mujeres.

Además, afirma que no reconoce el derecho de los menores a ser registrados de manera inmediata a su nacimiento, ni la obligación de la autoridad de expedir gratuitamente la primera copia certificada del acta de nacimiento, lo cual vulnera el principio de seguridad jurídica y el derecho a la identidad.

Cuestiona que viola el derecho a la libertad religiosa, al no referirse a la libertad de cultos; también sostiene que viola la libertad al trabajo periodístico, al reconocer sólo a los periodistas en materia de secreto profesional, dejando sin protección a otros profesionistas cuya función social requiera de igual o mayor protección.

Afirma que la Constitución capitalina viola las atribuciones del Congreso de la Unión al determinar las características del agua como inalienable, inembargable e irrenunciable, y para regular respecto de la transferencia de tecnología.

Censura también la invasión de la esfera de competencia federal para legislar en materia de los conjuntos arqueológicos, artísticos, históricos y paleontológicos, así como la integración del Consejo de la Judicatura y la participación del consejo judicial ciudadano en su integración, así como las facultades del tribunal constitucional de la Ciudad de México y de la propia CNDH, entre otros artículos.