La Secretaría de Gobernación (SG) incluyó en su programa de subsidios para la seguridad a tres de los municipios más violentos del país: Manzanillo, Villa de Álvarez y Tecomán, en Colima, ubicados en un corredor en disputa entre dos grupos de la delincuencia organizada: el cártel Jalisco Nueva generación y el cártel de Sinaloa.

Esta entidad tiene desde el año pasado la tasa de homicidios dolosos más alta del país y una de sus alcaldías, Tecomán, prácticamente está incendiada sin que hasta ahora se conozca información acerca de operativos especiales en la región, como los que sí se han desplegado en Veracruz y Guerrero, al mando de fuerzas federales.

En el primer mes de este año fueron denunciados en Tecomán 25 crímenes, tan sólo los perpetrados con arma de fuego, en un municipio de escasos 100 mil habitantes; este nivel de violencia es mayor al del propio puerto de Manzanillo, foco de las refriegas, donde hubo, igualmente en enero, 12 asesinatos.

Integrantes del gabinete de seguridad nacional advierten sobre un prolongado enfrentamiento, especialmente por el tráfico de metanfetaminas, cuyo mercado internacional tiene un bastión en el Pacífico mexicano, en conexión con países asiáticos, principalmente.

En 2016 Colima cerró con 81.55 asesinatos por cada 100 mil habitantes, mientras la media nacional fue de 17.

En enero la tasa general mensual fue de 1.57, mientras el nivel colimense repuntó a 9.23, en la misma dinámica de número de averiguaciones previas levantadas por asesinatos comparado con el tamaño de su población.

Colima es la entidad más pequeña en este sentido, con apenas 700 mil habitantes. Acapulco, considerado hace poco como el número uno en la lista de prioridades para el gobierno federal, reportó 37 crímenes, con una población similar a la de todo Colima.

La entidad en cuestión registró al inicio del sexenio 178 asesinatos, la mayoría cometidos con arma de fuego; en 2014 bajó a 99, pero en 2015 volvió a repuntar a 167. El año pasado fue el más crítico desde que se compilan estos datos estadísticos, hace dos décadas, al llegar a 600 episodios de crímenes. En enero fueron denunciadas, en un solo mes, 69 muertes por esta misma causa.

El mes pasado el titular del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la SG, Alvaro Vizcaíno, firmó el convenio específico de adhesión para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública para los ayuntamientos citados, así como otros de Guanajuato y Sonora.

Manzanillo, con 176 asesinatos intencionales durante 2016 (más 12 de enero pasado), recibirá en el transcurso del año 12.7 millones de pesos; Tecomán, posiblemente con la tasa de homicidios más alta del país (156 en 2016 y 25 el mes pasado, con una población de poco más de 120 mil habitantes), recibirá 10.7 millones, mientras que Villa de Álvarez, 10.6 millones.

De los recursos entregados por la Federación, los beneficiarios deben aportar el equivalente a 20 por ciento (2.5 millones Manzanillo, 2.1 millones Tecomán y 2.1 millones Villa de Álvarez).

En esta adhesión también hay apoyos para una veintena de municipios de Guanajuato, entidad igualmente golpeada por la violencia.