Organizaciones de la sociedad civil demandaron al Senado la suspensión del proceso de designación del fiscal anticorrupción hasta modificar la legislación y garantizar la autonomía de la instancia responsable de castigar ese flagelo.

Lo anterior, señalaron, ante los errores en el diseño del marco legal que rige las fiscalías General de la República y Anticorrupción, que subordina a la segunda en materia presupuestal y en algunos aspectos de su operación.

Agrupados en #FiscalíaQueSirva, organizaciones como los centros de derechos humanos Miguel Agustín Pro, Tlachinollan, Fundar y Artículo 19, entre otras, consideraron que además de los problemas de fondo que tiene el marco legal, el Senado ha conferido un papel meramente testimonial y legitimatorio a la sociedad civil, que queda sin incidencia real en la designación.

Resaltaron que sólo se conformará un grupo de especialistas que podrá opinar y hacer observaciones, pero la decisión se desprenderá de un acuerdo entre las cúpulas de las fracciones parlamentarias.

Durante una conferencia de prensa, Rocío Culebro, Alberto Lecona y Miguel Sarre señalaron que a pesar de dos postergaciones que se han tenido que aplicar ante la falta de consensos partidistas, la junta de Coordinación Política del Senado no ha realizado cambios de fondo en el procedimiento para lograr un proceso más transparente y con una auténtica participación de la sociedad.

De facto, los coordinadores parlamentarios realizarían la designación, tras un acuerdo político carente de los principios de máxima publicidad, equidad de género, rendición de cuentas y participación ciudadana, que debieron regir todo el proceso con el fin de garantizar su autonomía política y, por lo tanto, su legitimidad y eficacia.

Sin embargo, no sólo es un problema de forma, sino esencialmente de fondo, enfatizaron, toda vez que bajo los términos actuales, como está diseñado, la Fiscalía Anticorrupción no tendría la necesaria autonomía de gestión para resolver casos. En la legislación actual, hay aspectos como la asignación del presupuesto o la aprobación de la designación o remoción de funcionarios de la Fiscalía Anticorrupción por la Fiscalía General de la República, lo que impedirá que una instancia fundamental del naciente Sistema Nacional Anticorrrupción.

Para las organizaciones, se requiere una reforma al artículo 102 constitucional que dote efectivamente a ambas fiscalías de una estructura legal y de la autonomía que les permita combatir la impunidad con eficacia y legalidad.

En un pronunciamiento, subrayaron que “el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) emerge en un ambiente en que proliferan los casos en la materia, desde los más altos niveles de funcionarios hasta en la prestación de servicios públicos más simples.

“Si bien el SNA tiene una perspectiva más amplia que la persecución de la corrupción desde el ámbito penal, es necesario no dejar ni una sola pieza suelta y generar las condiciones que nos aseguren que el primer fiscal anticorrupción contará con todos los elementos para investigar y perseguir los caos, más aún, de funcionarios de primer nivel."