Apenas a un mes de que fue reanudado el diálogo, los padres y madres de familia de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero, decidieron suspender la reunión que este jueves tenían prevista con la Procuraduría General de la República (PGR), ‘‘en virtud de que (esa institución) no ofrece garantías de respuestas a los planteamientos’’ que hicieron en la reunión del pasado 9 de febrero.

Además, informaron que las exigencias que serían planteadas en dicho encuentro serán llevadas a la audiencia pública que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les otorgó el próximo 17 de marzo, en Washington, con motivo del 161 periodo ordinario de sesiones del organismo regional.

Mitin frente al juzgado tercero

De igual forma, los padres y madres de los 43 realizaron un mitin frente al juzgado tercero de distrito en materia administrativa –del primer circuito judicial en la Ciudad de México– para exigir la admisión y resolución de un juicio de amparo en contra de la PGR por la investigación interna en contra de Tomás Zerón de Lucio, cuando fungía como director de la Agencia de Investigación Criminal.

Incluso, abogados y una representación de los familiares de los normalistas se reunió en privado con el juez Martín Adolfo Santos Pérez, quien se comprometió a revisar el caso y actuar conforme a la ley, según expresó el abogado Vidulfo Rosales al salir del encuentro.

Explicó que la protesta en las instalaciones judiciales tuvo por objetivo solicitar al juez que admita la demanda de amparo presentada el pasado 13 de febrero en contra de la determinación de la visitaduría general de la PGR, mediante la cual ‘‘rasuró’’ las responsabilidades que tuvo Tomás Zerón en las irregularidades cometidas en el río San Juan, durante la investigación del paradero de los jóvenes normalistas.

Desde su perspectiva, existen ‘‘elementos suficientes para fincar responsabilidad penal’’ al hoy secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad. ‘‘Eso es lo que dejamos claro al juez. Le dijimos que estamos acudiendo a las instituciones, a los órganos de control institucional, para que apliquen la ley, para que luchen contra la corrupción; está en sus manos resolver este juicio de amparo y establecer que sí hay responsabilidades penales en contra de esta persona’’.

En respuesta, funcionarios de la PGR señalaron que representantes de la institución acudirán a la reunión de la CIDH y entregarán a la comisión de seguimiento los avances en la indagatoria relacionada con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Las fuentes indicaron que en el caso de Tomás Zerón, los análisis realizados por la visitaduría interna solamente han arrojado ‘‘responsabilidades administrativas’’ del ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, y que cuentan con elementos para mostrar la construcción de ese expediente.

Asimismo, dijeron que se ha dado seguimiento a las líneas de investigación que solicitaron los padres y madres de familia y sus representantes legales, así como los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Hace apenas unos días, la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos aseguró contar con ‘‘elementos de convicción’’ de que funcionarios de la PGR cometieron trasgresiones al debido proceso y quebranto a la verdad de los hechos en el caso Ayotzinapa, así como actos de tortura ‘‘contra numerosas personas’’ procesadas, además de detenciones arbitrarias. Esa instancia internacional pidió al gobierno mexicano transparentar los resultados de dichas pesquisas.