La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) por la detención arbitraria y la retención y cateo ilegales en agravio de tres personas, dos hombres y una mujer, esta última por actos de tortura.

La recomendación 4/2017 se emitió también por actos de cateo ilegal contra otras cuatro víctimas, entre ellas dos menores de edad y un adulto mayor. Todos cometidos en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero.

Esta es la segunda recomendación por tortura que reciben las fuerzas armadas en seis semanas; la primera fue dirigida a la Secretaría de Marina (Semar) el pasado 26 de enero, por un caso en Sinaloa.

Este caso se hizo público el 16 de abril, cuando en Internet y redes sociales empezó a circular un video donde aparecen dos personas con uniforme militar y una más con el de la Policía Federal (PF), que interrogan y torturan a una mujer colocándole una bolsa de plástico en la cabeza en un intento de asfixia.

Por la trascendencia del caso, la CNDH inició de oficio el expediente CNDH/2/2016/2793/Q, y emitió la recomendación casi un año después de que se hizo público dicho video.

En sus diligencias, el organismo nacional recabó las quejas de otras dos personas que refirieron su detención en las mismas circunstancias que la mujer, por lo que se acumuló al primer expediente por tratarse de hechos relacionados.

En la recomendación, de 110 cuartillas, la CNDH dice que cuenta con indicios y evidencias para acreditar que en las primeras horas del 4 de febrero de 2015, día en que ocurrieron los hechos, elementos del Ejército ingresaron a un domicilio particular donde detuvieron a las tres personas mencionadas sin contar con mandato judicial.

En la vivienda también estaban las otras cuatro víctimas: la madre de la mujer torturada, dos hijos de ésta, de 8 y 6 años, y el propietario del inmueble, de 74 años de edad.

Además, los detenidos fueron puestos a disposición del juez 17 horas después de su detención, lapso en que fueron llevados a instalaciones militares donde, según declaración de la mujer torturada, fue golpeada por tres mujeres, dos vestidas con uniforme del Ejército y una con el de la Policía Federal. ‘‘En un cuarto fue obligada a desnudarse y recibió más agresiones; ahí fue interrogada por un hombre con uniforme militar de alto rango’’.

También fue llevada a un taller mecánico abandonado, donde continuó el interrogatorio sobre armas y personas; al no proporcionar información la amenazaron con dañar a su familia; la mujer policía la obligó a hincarse, la esposó con las manos hacia atrás y le colocó una bolsa de plástico en la cabeza e intentó asfixiarla en dos ocasiones.

Posteriormente la trasladaron en una patrulla a Iguala, Guerrero, y en el trayecto la uniformada le dio toques eléctricos en una pierna en cuatro ocasiones, señala la CNDH.

Aunque el organismo nacional reconoce que ya se iniciaron acciones penales y procesos administrativos en contra de varios de los responsables, solicitó que se investigue si más servidores públicos, tanto de la PF o la Sedena, tuvieron participación, ya sea por acción o por haber tolerado tales conductas.

Otra de las observaciones son las notorias discrepancias en hora, lugar y circunstancias que declaran ministerialmente los policías y militares, lo cual debe ser investigado y sancionado.

Acreditadas las violaciones, la CNDH pidió a la Sedena y a la CNS coordinarse para reparar el daño de forma integral a las siete personas agraviadas, y colaborar en la denuncia de hechos y quejas que la CNDH presente ante la PGR contra los servidores públicos involucrados.