En el contexto del Día Internacional de la Mujer, senadoras y académicas exigieron se haga justicia en un caso que es un paradigma de impunidad y múltiple violación a derechos humanos: el de una indígena tzotzil, de 33 años, con síndrome de Down, madre de una niña de 10 años, producto de una violación, que heredó esa enfermedad.

Ambas habitan una choza en los Altos de Chiapas, y ni la madre ni la niña de 10 años aprendieron a hablar y dependen de sus familiares, dos ancianos enfermos que presentaron una demanda penal por la violación que sufrió la primera, pero sin éxito, ya que el agresor sigue impune.

Silvia González Quintero, responsable del Laboratorio de Derechos Humanos, Cultura de la Legalidad y la Paz, de la UNAM, resaltó que Ana, como se decidió llamar a la indígena –para evitar revictimizarla– ha sufrido violencia sexual e institucional. A los 18 años fue violada por un familiar –mientras sus padres estaban fuera, en la siembra– y resultó embarazada.

Explicó que Ana salió por primera vez del jacal en que nació, en el municipio de Huitán, para ir al médico y, pese a que reunía los requisitos para someterse a un aborto –su vida corría peligro, pues padece una discapacidad severa y fue violada–, le fue negado ese derecho. Seis meses después estuvo a punto de morir, ya que sufrió un aborto espontáneo.

La académica hizo notar que pese a regirse por usos y costumbres, la mamá de Ana presentó una denuncia penal contra el agresor sexual. La joven fue sometida a prácticas, que deben llamarse torturas, para comprobar que fue violentada. Aunque se giró una orden de aprehensión contra el violador, nunca fue localizado por las autoridades judiciales de Chiapas.

Dos años después regresó al poblado y volvió a violar a Ana, quién resultó otra vez embarazada y tuvo una niña también con síndrome de Down. La historia de impunidad dio inicio el 7 de enero de 2003, cuando se presentó la demanda, y cerró 12 años después, al prescribir el delito.

La procuraduría cerró los expedientes y la queja de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que tomó el caso por oficio.

Las presidentas de las comisiones de Derechos Humanos y de Igualdad de Género del Senado, Angélica de la Peña y Diva Hadamira Gastélum, lamentaron que en esos más de 12 años intervinieran más de 60 servidores públicos de Chiapas, que sólo se dedicaron a mandar oficios.

Las legisladoras exigieron reparar el daño.