Puebla, Pue.

Montados en sus tractores, aproximadamente mil campesinos de una decena de municipios de la región de San Andrés y San Pedro Cholula, principalmente, arribaron ayer a la capital del estado para exigir la derogación de la reforma al artículo 12 de la Constitución local, con la cual, argumentan, se abre la puerta a la privatización del agua y se pone en riesgo la producción de alimentos en la entidad.

En su mayoría mujeres y ancianos, los integrantes de la Caravana por la Vida, la Dignidad y la Justicia marcharon del parque Paseo Bravo al Congreso estatal, pero ya los esperaba un cerco antimotines colocado temprano en el primer cuadro de la ciudad.

A pesar de la tensión que esto generó en ambos bandos, los manifestantes entraron sin problema hasta los patios del palacio legislativo. Luego de un breve mitin frente al Congreso, los campesinos siguieron su marcha hasta Casa Aguayo, sede de la Secretaría General de Gobierno, que encabeza Diódoro Carrasco Altamirano.

Ni la protesta ni el cierre por más de dos horas del bulevar 5 de Mayo, una de las más importantes avenidas de la capital, lograron que el gobierno del estado dialogara con los labriegos.

Maurilio Galiote Mixcóatl, representante del movimiento Pueblos Unidos contra la Privatización del Agua (Pucpa), amagó con el resguardo de pozos comunitarios y manantiales que surten la zona residencial Lomas de Angelópolis y otras colonias de la capital, a fin de impedir que se lleven el líquido.

Hoy no venimos a defender el agua, sino a frenar su privatización, agregó Galiote Mixcóatl, quien aseguró que el gobernador, el panista Antonio Gali Fayad, utiliza un doble lenguaje que confunde a la población.

En días recientes, el mandatario negó que exista la intención de concesionar el agua, y dijo que sólo se trata de interpretaciones de personas que mienten.

El 6 de enero el Congreso local reformó el artículo 12 de la Constitución de Puebla y el 27 del mismo mes, tres días antes de que el panista Rafael Moreno Valle Rosas dejara la gubernatura, se publicó en el Periódico Oficial del estado.

La iniciativa se anunció como una medida para proteger el derecho al agua de la población, pero la fracción 6 señala: El estado, conforme a las leyes, regulará las bases y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de este recurso natural.

Este párrafo –arguye Galiote– serviría al gobierno para tomar el control de la prestación del servicio y concesionarlo a un particular, como ocurre en la ciudad de Puebla desde 2013.

La medida fue rechazada por 14 municipios que concentran más de 40 por ciento de la población total de la entidad, y siete interpusieron controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el intento del gobierno estatal de quitarles potestad sobre el líquido.

Galiote Mixcóatl aseguró que la reforma despoja a los ayuntamientos de la facultad de administrar el servicio del agua y atenta contra la autonomía de los municipios de Santa María Zacatepec, Tlaxcalancingo, San Diego Cuachayotla, Tlaltenango, San Miguel Xoxtla, Coronango y Cuautlancingo, entre otros.

El dirigente anunció la realización del Foro de los Pueblos en Defensa del Agua y contra su Privatización, el 19 de marzo a las 10 horas en la plaza central del municipio de Coronango.