La repatriación de connacionales que estudian en Estados Unidos requerirá en México la aplicación de medidas emergentes, como la construcción de nuevas escuelas de nivel básico y la redefinición de las prioridades en las universidades, así como las equivalencias, en momentos en que el país vive serios problemas para lograr una educación de calidad, consideró la presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), Sylvia Schmelkes.

Durante el foro Estado, educación y migrantes, que se realizó en la Cámara de Diputados, expuso que las autoridades deben atender por igual a todos los niños y jóvenes en edad escolar, porque no se puede dar preferencia a los repatriados o a quienes ya viven aquí.

No es un asunto de prioridades y a ver cómo le hacemos para abrir nuevas escuelas, más turnos, porque sí tenemos que atenderlos a todos, dijo.

Refirió que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ya había reportado que en 2015 regresaron al país 548 mil 583 niños y adolescentes; además, 52.3 por ciento de menores que tienen más de 5 años viviendo en México no cuentan con acta de nacimiento, y ello ha impedido su ingreso al sistema educativo nacional.

Acciones a seguir

Schmelkes planteó a los legisladores una lista de acciones de política pública que permitan contener y atender el impacto de la política de expulsión asumida por Donald Trump, que vulnera los derechos de niños y jóvenes a la educación.

La condición de vulnerabilidad de los niños y adolescentes repatriados guarda muchas semejanzas con la situación de desventaja educativa y social de la niñez y juventud de México, especialmente quienes viven en zonas rurales, áreas urbanas marginadas, en pobreza o pobreza extrema, o bien son objeto de discriminación racial, particularmente los indígenas, admitió.

Resaltó que se trata de un entorno de vulnerabilidad social y de fragilidad institucional en materia educativa que podría atenderse con una serie de lineamientos, que el INEE propone:

Reforzar la coordinación institucional y fomentar la inclusión educativa; asegurar la interculturalidad como enfoque y método de enseñanza; establecer acciones de asesoría y formación a docentes y directivos; mejorar los sistemas de información y administración escolar, y fortalecer la gestión escolar y la innovación educativa.

De lo que se trata, indicó, es de aprovechar la coyuntura para mejorar la política educativa.