Las compras y adquisiciones gubernamentales en México son ineficientes, generan corrupción, gastos excesivos y en muchas ocasiones terminan en obras y servicios deficientes o que nunca se realizan, sostiene Héctor Mateo Infante Meléndez, investigador especializado y consultor, autor del libro Modelos de profesionalización y contrataciones públicas.

En entrevista con La Jornada destaca que el ciento por ciento de los funcionarios encargados de la contratación de obras públicas, bienes y servicios, en todos los niveles de gobierno, carece de una educación formal en esos rubros. El problema radica en que ni en el sector público ni en el privado hay personal capacitado en el tema, a pesar de su importancia, subraya.

Añade que ninguna de las mil 436 universidades públicas y privadas del país imparte cursos de licenciatura, maestría o posgrado sobre compras públicas, a pesar de que en México 8 por ciento del producto interno bruto se destina a compras y que, por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades en la cuenta pública de 2015 por 165 mil millones de pesos.

Con estudios en el extranjero sobre el tema, Infante Meléndez propone en su obra implementar planes y programas de estudio sobre concesiones, enajenaciones, adquisiciones, servicios, obra pública y asociaciones público-privadas, acreditación por instituciones privadas y públicas, así como impartición de doctorados y posgrados en la materia, porque actualmente sólo uno por ciento de los servidores públicos de esta área cuenta con estudios ‘‘no formalees’’, como seminarios y cursos.

‘‘Tenemos licenciaturas en futbol, en mariachi... ¿Y en contrataciones o compras públicas? No, nada más hay una institución que los forma’’: el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), y una dependencia que puso en marcha un programa para formar cuadros especialistas en estos temas, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Tan sólo de 2013 a 2016, 97 por ciento de los mandos medios y superiores de las direcciones generales de contrataciones del sector público fueron designados sin contar con servicio profesional de carrera, con nombramiento temporal, y sin cumplir con el perfil de trayectoria y experiencia en el tema.

Subraya que la demanda potencial de profesionales en contrataciones públicas en los poderes de la Unión y las entidades federativas es de más de 8 mil áreas, mientras 169 mil 833 empresas registradas en CompraNet y 75 mil empresas pequeñas que son proveedoras, tampoco cuentan con personal capacitado.

–El que tengamos este tipo de funcionarios en estas áreas, ¿en qué se traduce?

–Hay ausencia de una política de Estado; las empresas que están registradas en CompraNet, hayan vendido o no al gobierno, son 240 mil; el sector privado no hace nada.

‘‘Tiene un costo elevadísimo. Al menos en la práctica hay dos instrumentos: la ley y el reglamento, además de 160 instrumentos que nos dicen cómo operar las compras no sólo desde la óptica normativa, sino compras inteligentes, y al no tener el personal capacitado pues hay reincidencia, extemporaneidad, etcétera.

‘‘Simplemente no se están formando cuadros, tanto por los órganos que ejecutan los procedimientos como por las áreas de planeación y programación y los órganos internos de control.’’

–¿Hay alguna idea del impacto económico?

–Sí tiene un impacto muy fuerte no sólo en la operación, sino en resultados. Si no tenemos la gente preparada para ello pues los programas no se cumplen.

‘‘No se observa una sola normatividad general a pesar de que utilizan recursos públicos que se deben administrar con economía, eficiencia, eficacia, honradez y transparencia... En el ámbito del Ejecutivo, estamos hablando de 256 instituciones; el Congreso de la Unión, el Poder Judicial Federal tienen su propia normatividad, así como los órganos autónomos constitucionales, como el INE, Ifetel, Coneval, Cofece.’’

Infante Meléndez pone como ejemplo de un ‘‘elefante blanco’’ la construcción del edificio del Senado, que aún tiene goteras y presenta otros problema estructurales que obligaron al pleno de legisladores a pedir la destitución de la directora general de recursos materiales, ¡quien actualmente es contralora del Instituto Mexicano de Cinematografìa!, comenta el entrevistado.

–¿Usted propondría crear carreras, diplomados…?

–Dado el universo que tiene la inversión pública propongo que se establezca, con registro de validez oficial, no sólo de manera formal, una institución que certifique y acredite a los encargados gubernamentales de adquisiciones y concesiones.

–¿Hay forma de cuantificar cuánto está perdiendo el país?

–Tenemos dos vertientes en la contratación. Básicamente la que está vinculada con los ingresos que comprende la concesión de bienes y servicios públicos. Los permisos, las licencias y las autorizaciones, que luego se hacen de manera discrecional, no se sujetan a ningún tipo de licitación, concurso o subasta, y también dentro de los ingresos está la enajenación de los bienes muebles e inmuebles.

‘‘Un caso reciente se da en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que adquiere mediante arrendamiento financiero un edificio inteligente, y resulta que es tan inteligente que no opera, como en el Senado, donde toda la parte hidráulica no funciona. A pesar de que se tienen los recursos legales para hacerlos funcionar, no lo han hecho. Y llama la atención que las compras representan, en el ámbito del Ejecutivo, 40 por ciento del Presupuesto de Egresos.’’

Por otra parte, el especialista señala que la Sedena lleva a cabo desde hace siete años una estrategia integral en materia de administración de los recursos desde el punto de vista orgánico, operativo y en la formación de especialistas en esta materia.

–¿Puede ser ejemplo para la administración pública federal?

–Sí, a replicarse y en el ámbito no sólo del Ejecutivo, sino de los poderes de la Unión y de las entidades federativas. La Secretaría de la Defensa pretende mejorar su administración, eficientar la aplicación de recursos. Los resultados son cotidianos, porque rara vez verás un problema en el ámbito de la administración de los recursos destinados a la contratación; habrá presunciones, pero no hechos contundentes.

Hasta la fecha, sostiene, unos 600 oficiales se han especializado en la materia. El mejor ejemplo es que el presupuesto que ejerce normalmente la Sedena se apega a lo que previene y no está haciendo actualizaciones o ampliaciones, sino eficientando su aplicación.