l martes pasado el presidente de Estados Unidos dio un giro en su discurso antinmigrantes al llamar a demócratas y republicanos en el Congreso de su país a emprender conjuntamente una reforma migratoria basada en tres principios básicos: favorecer los empleos, fortalecer la seguridad nacional y restablecer el respeto por las leyes. En su mensaje, considerado uno de los más solemnes desde que comenzó su mandato, llamó a cambiar “(…) el sistema actual de inmigración de baja calificación, adoptando uno basado en méritos”. ¿Qué significa esto?

Bueno, no lo sabemos todavía. En su discurso ante el Congreso Donald Trump no definió con claridad lo que entiende por méritos (como suele hacer con casi todos los conceptos que utiliza), y no se refirió explícitamente a la calificación académica de los migrantes, sino más bien a su perfil económico.

Trump considera que el actual sistema migratorio de su país, cuesta mucho dinero a los estadunidenses, por lo que se requiere de una política que tenga como principio básico que los que quieran entrar sean capaces de sostenerse financieramente por ellos mismos, lo que se traducirá, según dijo, en muchos beneficios: ahorrará incontables dólares, incrementará el salario de los trabajadores y ayudará a las familias en apuros, incluso a las de los migrantes, a entrar a la clase media, lo anterior de acuerdo con un comunicado difundido por la agencia Associated Press el primero de marzo.

No hay una definición clara, pero hay un cambio aparente, que se expresó ayer mismo con la corrección al veto impuesto a ciudadanos de siete países musulmanes. La prohibición sigue vigente, pero excluye a Irak y a las personas de las seis naciones restantes que cuenten con permisos de residencia o visas válidas, quienes podrán ingresar sin restricciones a territorio estadunidense. El cambio muestra que la política agresiva de Donald Trump contra los migrantes musulmanes pudo ser contenida, al menos parcialmente, por el gran rechazo que se produjo a escala global y por el propio sistema de justicia de su país.

Una de las reacciones más fuertes contra la versión inicial de la orden ejecutiva de Trump provino de la comunidad científica de Estados Unidos (y la de todo el mundo), pues afectaba a investigadores y estudiantes de ciencia de Irán, Irak, Libia, Siria, Somalia, Sudán y Yemen, quienes no podían abandonar Estados Unidos para participar en proyectos internacionales, en actos científicos o simplemente para visitar a sus familias, por el temor a que se les impidiera regresar para reincorporarse a sus trabajos o actividades académicas. La nueva disposición hipotéticamente tendría además implicaciones para las personas de otros países.

Se podría pensar que la nueva orden ejecutiva beneficiaría a gran número de especialistas. Por ejemplo, prácticamente todos los científicos mexicanos que trabajan en el país vecino del norte tienen estatus legal y estudiantes de México en Estados Unidos (aunque no todos) también, por lo que la nueva orden ejecutiva de Trump podría ser el anticipo de una política que, al menos teóricamente, beneficiaría a los científicos y estudiantes de ciencia de todas las nacionalidades, siempre y cuando cuenten con estatus legal… Pero esta es sólo una de las posibles interpretaciones.

En un texto publicado ayer en la sección de noticias de la revista inglesa Nature, Sara Reardon recoge algunas reacciones de científicos, que muestran que priva la desconfianza. Por ejemplo, el presidente de la Sociedad Americana de Microbiología, Stefano Bertuzzi, afirma que: hay tanta incertidumbre que incluso si pudieran viajar (los científicos musulmanes con estatus legal) creo que no lo harían. Además, para algunos abogados no está clara la situación para aquellos investigadores que necesitan renovar sus visas o para los estudiantes que cuentan sólo con visa de entrada.

Lo anterior sugiere que la nueva medida puede acompañarse del endurecimiento de los procedimientos para el visado.

El gobierno de Trump, señala Reardon, ha impuesto simultáneamente restricciones para la visa H-1B destinada a los inmigrantes altamente calificados, que incluye a muchos científicos. Por ejemplo, el pasado 3 de marzo, el gobierno suspendió el llamado procesamiento de primas para las visas, que permite a los empleadores pagar una cuota para que una solicitud de visa se procese en 15 días en lugar de los tres a seis meses habituales. Dicha suspensión entrará en vigor el 3 de abril y puede durar hasta seis meses.

Todo lo anterior muestra que la nueva política de migración que propone Donald Trump, basada en méritos, carece de definiciones claras, se acompaña de múltiples trampas y es, hasta ahora, digna de la mayor desconfianza.