esplazado del primer plano político durante largas semanas por Luis Videgaray, a quien el encumbramiento de Donald Trump ha convertido en una especie de jefe máximo de un gabinete que incluiría a Enrique Peña Nieto como subordinado o vocero de vez en cuando, Miguel Ángel Osorio Chong se animó ayer en Acapulco, Guerrero, a la hora de inaugurar un puente (el que va de Barra Vieja a Lomas de Chapultepec) y soltó elogios a la calidad de las obras que construyen los gobiernos (con Gerardo Ruiz Esparza, el secretario de comunicaciones, transportes y OHL del gobierno federal como garantía de honestidad), a la recuperación de la seguridad pública (con diarios episodios de violencia criminal por todo el estado) y a los muy buenos propósitos que, según eso, animan la ley de seguridad interior (LSI) que el Congreso federal pretende aprobar en este mismo periodo ordinario de sesiones.

Con una insistencia que a una parte del público nacional le hace entender justamente lo contrario (porque así se ha hecho fundada costumbre: interpretar las palabras de los políticos al revés), diversas voces oficiales proclaman que la citada LSI no busca militarizar al país y que, en realidad, servirá para programar sin mucha dilación el retorno de soldados y marinos a sus instalaciones de origen (en esa línea discursiva se deslizó ayer el secretario de Gobernación). Claro, cuando los cuerpos policiacos estatales y municipales dejen de estar infiltrados y controlados por el crimen organizado, cosa que según esa retórica oficial debe lograrse en un tiempo relativamente corto (ajá, dicen algunos jóvenes, con brevedad prosódica pero contundencia escéptica). Con la LSI, nada apunta a una menor presencia militar en el país ni a un abatimiento de los índices de violaciones a los derechos humanos. Todo lo contrario. Por eso los políticos se esmeran en producir discursos supuestamente tranquilizadores. ¡Firmes!

Aun cuando la resolución solamente beneficia al ciudadano que solicitó el amparo de la justicia federal respecto de su caso personal, es trascendente la determinación de un juez de distrito, Fernando Silva García, de impedir en la Ciudad de México que el cobro de las llamadas fotomultas sea irreversible, aun cuando ni siquiera se hubiera escuchado la argumentación defensiva del presunto infractor.

Varias ciudades del país han vivido la imposición de tretas recaudatorias que no solamente benefician a las arcas públicas sino, de maneras trianguladas y ocultas, a grupos políticos que en su momento autorizan la instalación de redes de parquímetros y, más recientemente, de sistemas de fotomultas que se activan al paso de vehículos que según el registro gráfico hubieran rebasado los límites de velocidad.

Asestar golpes al bolsillo ciudadano mediante multas, recargos y trámites inventados o exagerados ha sido práctica recurrente de un sistema burocrático nacional que desalienta la legítima inconformidad de quienes alegan no haber incurrido en las faltas sujetas a castigo. La maquinaria oficial convierte toda exigencia particular en un martirio con visos de inutilidad, en el que el ciudadano termina pagando las infracciones no aceptadas o no cometidas, con tal de avanzar en otros trámites. Es decir, los afectados terminan pagando, pues saben que sus quejas sólo quedarán en pérdida de tiempo. En ese sentido, la resolución del citado juez federal constituye un antecedente e incluso una forma de aliento a que se presenten objeciones similares por parte de los afectados. Incluso, esa resolución debería llevar a las autoridades de la Ciudad de México a revisar en general el sistema de fotomultas y a garantizar y fomentar el derecho de audiencia e instalar mecanismos que faciliten la presentación de objeciones ciudadanas. Similares conductas deberían adoptarse en otras ciudades donde se mantienen esquemas de recaudación tramposa.

El periodista Álvaro Delgado dio a conocer que Margarita Zavala Gómez del Campo nombró coordinadora general de su campaña, en busca de la candidatura presidencial panista, a la novia de su sobrino, es decir, a Fernanda Caso Prado, novia de Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, hijo de Juan Ignacio Zavala Gómez del Campo. Ambos, padre e hijo, ya antes fueron asesores, al mismo tiempo, en el Senado de la República, habilitados por legisladores llegados al cargo como parte de la herencia calderonista.

El ahora gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, de larga militancia en el PAN, llegó a acusar a Zavala Gómez del Campo de ser cínico, corrupto y mentiroso, al señalar, en junio de 2013, que fue aviador en el Senado, con un sueldo de más de 70 mil pesos, y que había recibido un préstamo de 300 mil pesos a pesar de no tener derecho a él (https://goo.gl/VRO3mw ). Zavala, a la vez, acusó a Corral de ser la reina de las pluris y haber ganado millones de pesos como legislador por esa vía, además de ser alma esclava en busca permanente de un nuevo amo a quien traicionar.

En esas escaramuzas, también se conoció que un hijo de Zavala Gómez del Campo ocupaba similar cargo de asesor en el Senado, con Roberto Gil Zuarth como jefe, quien debe el escaño y diversos cargos anteriores, entre ellos el de secretario particular en Los Pinos, justamente a Felipe Calderón ( Excélsior, nota de Leticia Robles de la Rosa: https://goo.gl/vgttc5 ). Ayer, en Twitter, ante críticas relacionadas con el nombramiento de su novia como coordinadora de campaña de la tía Margarita, se mencionó que el joven Juan Ignacio Zavala Gutiérrez trabaja en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (así lo señala en su propia biografía tuitera), ante lo cual el aludido respondió a uno de sus críticos: “Ya veo que no puedo trabajar ni en el Senado ni en la @SCJN. Dígame dónde”.

Y, mientras Josefina Vázquez Mota informa en detalle qué hizo con más de mil millones de pesos que le triangularon, pues la Auditoría Superior de la Federación jamás la ha exonerado e incluso ha encontrado varias irregularidades en una porción menor del monto ejercido, ¡hasta mañana!

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