El informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la persistencia de tortura y desapariciones forzadas cometidas por elementos de las fuerzas armadas confirma lo denunciado por organismos nacionales e internacionales como la ONU, señaló la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica de la Peña.

¿El gobierno mexicano también dirá que este informe se basa en opiniones personales y observaciones superficiales?, preguntó la legisladora perredista.

Advirtió que además de ese reporte del Departamento de Estado, nuevamente México fue señalado en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU como un Estado que se niega a reconocer que atraviesa por una crisis de violaciones a las garantías constitucionales a consecuencia de la estrategia puesta en marcha por el gobierno federal contra el narcotráfico desde hace 10 años.

Resaltó que las conclusiones de la Relatoría Especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, tras presentar el informe de seguimiento sobre la implementación de las recomendaciones hechas a México –luego de la visita oficial en 2014 del titular de ese organismo–, confirman las denuncias que organizaciones civiles nacionales e internacionales han realizado reiteradamente de que en México la tortura sigue siendo una práctica común entre las fuerzas de seguridad, civiles y militares.

Agregó que el gobierno federal al negar que uno de los abusos contra los derechos humanos más frecuentes es la tortura y al no aplicar acciones de fondo para erradicarla, genera impunidad y repetición. Es lo que no ha entendido y quien sufre las consecuencias es la población civil.

Hizo notar que en esa sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU se reiteró la urgencia de una legislación que responsabilice a las autoridades de investigar, sancionar y erradicar la tortura, que además garantice la exclusión de las pruebas obtenidas mediante esta práctica a fin de eliminar su incentivo” y obliga al Congreso a asumir su responsabilidad.

Se refirió a la necesidad de aprobar la ley contra la tortura –que está congelada en la Cámara de Diputados– y la ley sobre la desaparición forzada, pendiente en el Senado.