l crecimiento y la magnitud que han alcanzado en los decenios anteriores las corrientes migratorias han dado lugar a buen número de investigaciones orientadas a medir los alcances políticos, económicos y sociales de esos desplazamientos. A esos estudios han seguido otros, más específicos, preocupados por comprender en toda su dimensión la incidencia que el fenómeno tiene en el plano de la salud emocional para las personas que dejan sus lugares de origen y que permiten aproximarse al drama que la migración representa. Con variantes, todos coinciden en señalar los devastadores efectos que el proceso tiene sobre quienes se ven obligados a dejar atrás su país natal, familia, amigos, referentes culturales y, en suma, todo lo que hasta el momento de trasladarse fue significativo para ellos.
Hay, asimismo, diversos trabajos que describen los trastornos que afectan a las poblaciones migrantes por el solo hecho de serlo –es decir, por el mero traslado forzoso de un espacio conocido a otro desconocido y generalmente no amistoso–, así como las dificultades que afrontan a raíz de la pérdida de su sentido de pertenencia. Todo eso, desde luego, sin hablar de los problemas básicos de subsistencia (vivienda, alimentación, salud, servicios) que por regla general padecen los hombres, mujeres y niños que integran los flujos migratorios.
Por eso, los términos del documento filtrado
desde el Departamento de Seguridad Nacional (DSN) de Estados Unidos, y lo dicho por funcionarios entrevistados por la agencia de noticias Reuters, según los cuales la administración de Donald Trump planearía separar de sus hijos a las madres que crucen sin papeles la frontera norte, constituye una aberración que se suma a otra. Hasta donde dejan saber los trascendidos, mientras los padres permanecerían detenidos, los niños serían puestos bajo la custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos, con el método menos restrictivo posible hasta que puedan ser cuidados por un familiar estadunidense o un tutor designado por el Estado
. Y es que de acuerdo con la óptica republicana, las madres migrantes emprenden su riesgoso viaje confiadas en que, en caso de ser detenidas, serían puestas rápidamente en libertad y encararían un proceso legal que podría demorar años en resolverse.
La medida presuntamente en estudio es sencillamente brutal. El solo estado migratorio genera en niños y niñas, según las investigaciones mencionadas, altísimos índices de inseguridad, ansiedad, tristeza, temor y desesperanza, y todo ello deriva en un cuadro que conspira seriamente, aun en términos clínicos, contra la salud y el futuro del menor migrante. No resulta difícil, pues, imaginar las consecuencias que la separación abrupta de la madre y el internamiento en una institución oficial podrían tener para los niños sometidos a ese procedimiento (y también para sus progenitoras).
Sin embargo, no es preciso echar mano de un argumento médico o de una justificación legal para condenar sin ambages la truculenta disposición que al parecer está evaluando el DSN: la ruptura desconsiderada del que quizá sea el vínculo natural más fuerte de la especie humana, en nombre de la política poblacional o de la política a secas es lisa y llanamente inadmisible. Es de esperar que, en definitiva, la medida no llegue a concretarse, aunque no sería sorprendente en una administración cuyo titular declara con toda tranquilidad que justifica la tortura.
