La nueva política de Estado para la relación con Estados Unidos debe incluir la revisión de los mecanismos de cooperación en materia de combate al crimen organizado, el rechazo a la imposición del muro y la negativa a colaborar con cualquier otra medida desproporcionada de vigilancia en la frontera, se plantea en la propuesta del grupo parlamentario del PRD en el Senado.

Asimismo, denunciar ante instancias internacionales cualquier acto de agresión al Estado mexicano. El documento fue entregado a la Junta de Coordinación Política, la que elaborará el texto final, que se discutirá con el canciller Luis Videgaray el próximo martes.

En el escrito propone que México considere como acto hostil toda declaración de política exterior dirigida a la imposición de obligaciones de financiamiento, ayuda o asistencia para la construcción del muro, cuestión que pretende el presidente estadunidense, Donald Trump.

El Estado mexicano implantará medidas de protección integral de los mexicanos residentes en Estados Unidos y promoverá de manera permanente entendimientos con las autoridades del vecino país del norte y con organismos internacionales para garantizar el respeto a sus derechos humanos.

El grupo perredista, coordinado por Miguel Barbosa, plantea que dentro de esa política exterior de Estado que signarán conjuntamente el Senado y la cancillería, se incluya un estudio sobre el impacto económico del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), así como de las nuevas perspectivas ante su eventual revisión y renegociación.

La revisión del TLCAN deberá incluir un estudio sobre la desigualdad regional, y la propuesta de incluir la movilidad laboral entre México y Estados Unidos, como asignatura pendiente.

El PRD propone asimismo que el Senado y la Secretaría de Relaciones Exteriores lleven a cabo una revisión integral de los mecanismos de cooperación concertados entre ambos países en la reciente década, entre ellos el monto y destino de los recursos asociados a la Iniciativa Mérida.

Asimismo, se realizará una revisión de la presencia y actividades de personal de las agencias de seguridad e inteligencia de Estados Unidos que operan en México, y de los criterios para autorizar la presencia legal de agentes estadunidense en el país.

Por último, los perredistas consideran que se deben establecer acciones específicas para la protección de migrantes extranjeros, especialmente centroamericanos, que cruzan por territorio nacional rumbo al vecino país del norte.