Los tres aspirantes a dirigir la Facultad de Filosofía y Letras (FFL) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) rechazaron el uso de la fuerza pública para recuperar el auditorio Che Guevara –tomado desde hace más de 16 años por diversos colectivos estudiantiles y sociales–, por el contrario, se pronunciaron por una negociación que cuente con el consenso de la comunidad universitaria.

La Jornada entrevistó a Rafael Guevara Fefer, Jorge Linares Salgado y Carlos Oliva Mendoza sobre el tema en el contexto del debate que sostuvieron ayer con alumnos de esa facultad en el proceso de designación de director para el periodo 2017-2021.

Guevara señaló que el auditorio, oficialmente llamado Justo Sierra, es de la UNAM y atañe a toda la institución dar propuestas para resolver el problema. Proyectó comenzar una campaña permanente de reconocimiento delconflicto y de la historicidad de éste y del espacio. Hay muchas generaciones de estudiantes a los que ya no les dice mucho. Debemos comenzar por reconocer qué fue, qué ha sido y qué es hoy. Y luego una campaña de respeto a las instalaciones.

Sobre el probable uso de la fuerza pública, aseveró que de ninguna manera es deseable. Pero es una pregunta que escapa a cualquier competencia mía.

Linares planteó la necesidad de trabajar de manera coordinada con la rectoría. Comenzar un proceso para ganar el consenso de la comunidad sobre la necesidad de recuperarlo y generar una campaña de difusión en medios y con la sociedad, para también tener su apoyo. Un elemento central, enfatizó, es la actuación jurídica.

Rechazó el uso de la policía para recuperar el espacio y confió en que se pueda lograr un proceso concertado y dialogado que no provoque ninguna reacción adversa en la universidad y en la sociedad.

Oliva apuntó que el Che tiene que ser de todos los universitarios. Hay que profundizar una negociación para que sea compartido por toda la comunidad. Mi propuesta es que se construya un ala donde haya una biblioteca, espacio para que los estudiantes puedan trabajar, una sala de cine y que se genere ahí un polo que reactive la facultad.

La discusión no se tiene que enfocar en términos de la devolución del auditorio, sino que se trata de un espacio necesario para toda la comunidad, por lo que las acciones deben involucrar a los universitarios y ser transparentes. Descartó el uso de la fuerza pública como solución: La comunidad, incluyendo a quienes están en el auditorio, debe demostrar que racionalmente podemos llegar a un acuerdo.

Un profesor, que prefirió no revelar su nombre, indicó que la cogestión del auditorio, propuesta por algunos candidatos, desconocería el hecho jurídico del despojo. Los ocupantes son personas ajenas a la universidad, su única actividad es el comercio, no representan a la comunidad ni pueden considerarse herederos de movimientos que lo utilizaron como punto de debate de las ideas al más alto nivel, como lo fueron los movimientos de 1968, de 1986, los de apoyo al zapatismo en los 90 y el de 1999-2000, que permitió frenar reformas que atentaban contra la educación pública.

Una estudiante del octavo semestre de historia se opuso a que las autoridades lo gestionen y se pronunció por una administración tripartita (alumnos profesores y trabajadores).