Una nueva omisión de la Cámara de Diputados quedó manifiesta esta tarde en San Lázaro, cuando la Subcomisión de Examen Previo –encargada de analizar las denuncias de juicio político– desechó en bloque 107 solicitudes inscritas en el órgano legislativo desde el mes de octubre de 2003, y la última de éstas el 7 de octubre de 2014.

Por unanimidad de los 12 integrantes de la subcomisión se decidió borrar la solicitud de juicio político en que se hallaban radicadas en San Lázaro desde hace cuatro legislaturas.

La decisión de ese grupo de trabajo obedeció a que el Poder Judicial apercibió a la Cámara de Diputados e impuso una multa a la subcomisión (de 7 mil 500 pesos) por su inacción en un tema relevante y mediático.

En la presente legislatura (que inició hace año y medio), la subcomisión sólo sesionó en dos oportunidades, más la de este miércoles.

Así, en el listado que se presentó para ser desechado en bloque, se refiere que la más vieja de las solicitudes de juicio político es la que correspondía al entonces diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la 59 Legislatura Pablo Pavón Vinales.

A partir de entonces, la solicitudes de juicio político más relevantes, y que fueron desechadas en bloque el día de ayer, son las siguientes:

En contra del diputado federal panista Luis Pazos de la Torre en la 58 Legislatura. Fue acusado por diputados federales del Partido de la Revolución Democrática (PRD), quienes le imputaron el delito de desvío de recursos públicos a la asociación Provida.

Le siguieron las solicitudes de juicio político contra el que fuera el gobernador panista en Yucatán Patricio Patrón Laviada. Contra el gobernador priísta de Puebla Mario Marín Torres, quien además de incurrir en probables delitos de administración fraudulenta de los recursos públicos, estableció una relación personal con el empresario Jean Succar Kuri, quien actualmente purga una larga pena de prisión por pederastia y abuso de menores.

También se derivaron denuncias de juicio político contra el titular de la Procuraduría General de la República (PGR) panista, Daniel Cabeza de Vaca. Contra Francisco Gil Díaz, quien se desempeñó como secretario de Hacienda en los gobiernos del PAN. También se presentó una solicitud contra José Luis Luege Tamargo (PAN); contra el titular de la SEP, Reyes Tamez Guerra, y contra Alejandro Encinas, jefe de Gobierno del Distrito Federal que sustituyó a Andrés Manuel López Obrador.

A estos le siguen las solicitudes de juicio político contra Carlos Navarrete (PRD); Ulises Ruiz Ortiz (PRI); Luis Carlos Ugalde, ex presidente consejero del IFE (impuesto por Elba Esther Gordillo); Guillermo Ortiz, entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Emilio Álvarez Icaza, quien se desempeñó como ombudsman del Distrito Federal; Marcelo Ebrard, ex jefe de gobierno del Distrito Federal; Francisco Ramírez Acuña (panista y ex gobernador de Jalisco).

Contra Zeferino Torreblanca, ex gobernador de Guerrero; Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública; Eduardo Medina Mora, ex secretario de Seguridad Pública; Pablo Salazar Mendiguchía, ex gobernador de Chiapas; Javier Lozano Alarcón, ex secretario de Trabajo y Previsión Social con Felipe Calderón, y Miguel Ángel Mancera, como procurador general de Justicia del Distrito Federal.

La solicitudes de juicio político, que estaban radicadas en la Cámara de Diputados y también fueron desechadas en bloque, incluían hasta a Agustín Carstens Carstens, secretario de Hacienda en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.