El Estado mexicano aseguró ayer que el número de quejas presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por supuestas violaciones a las garantías fundamentales de las personas, atribuidas al personal del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana, disminuyeron 68 por ciento en 2016 respecto de 2012.

Al dar respuesta al informe anual de Amnistía Internacional (AI), explicó que ello se debe a que los militares trabajan para mejorar su capacitación en materia de derechos humanos y uso de la fuerza, de acuerdo con estándares internacionales.

En un comunicado conjunto de las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación, así como de la Procuraduría General de la República (PGR), el Estado ratificó que la presencia de militares en tareas de seguridad pública es temporal, complementaria y a petición expresa, fundada y motivada de las autoridades civiles, con la finalidad de salvaguardar el estado de derecho y las instituciones democráticas.

AI señaló en su informe sobre México que las violaciones a las garantías fundamentales se han incrementado al mismo tiempo que ha aumentado la participación de fuerzas castrenses en la guerra contra el narcotráfico. México cumple 10 años con esta estrategia y persisten violencia generalizada e impunidad absoluta, subrayó.

Una semana después de que se dio a conocer el documento, el Estado mexicano reconoció los desafíos que enfrenta en la materia y reiteró su compromiso de dar respuesta a cada uno.

Acerca de las presuntas violaciones de derechos humanos imputadas a personal militar contra civiles, explicó que son investigadas y, en caso de encontrar responsabilidad, sancionadas en la jurisdicción civil.

Acerca del caso Ayotzinapa, puntualizó que la colaboración con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no ha cesado y el mecanismo de seguimiento a las medidas cautelares dictadas por ese organismo cuenta con apoyo irrestricto del gobierno.

El instrumento, coordinado por el relator Enrique Gil Botero, ha realizado hasta la fecha dos visitas de acuerdo con el plan de trabajo y este año se llevarán a cabo seis más, explicó.

Ello fortalecerá la colaboración entre las autoridades encargadas del caso y el mecanismo, y permitirá compartir información con la CIDH sobre la investigación, los esfuerzos de búsqueda y atención integral a las víctimas, en un ambiente de apertura y cooperación total, agregó.

En el comunicado conjunto, reiteró su compromiso de esclarecer los hechos y sancionar a los responsables en los casos de Tanhuato, Tlatlaya y Apatzingán. En todos hay investigaciones, detenidos y procesados, y el compromiso de reparar el daño, así como evitar sucesos similares.

Además, manifestó su rechazo absoluto a los actos de tortura y su compromiso de prevenir su comisión y sancionar a los responsables, y ratificó su interés de enfrentar de forma decidida la desaparición de personas.