s tramposo decir que Josefina Vázquez Mota ha sido exonerada o liberada de responsabilidades por su participación en la triangulación de fondos federales que le permitió manejar de manera opaca, y con altos indicios de corrupción, un proyecto de ayuda clientelar a paisanos en Estados Unidos, al que Enrique Peña Nieto, su contrincante por la Presidencia de la República en 2012, hizo transferir mil 36 millones de pesos que, en dado caso, debería haber ejercido el órgano creado y autorizado para ello, el Instituto de Mexicanos en el Exterior (IME), o los propios consulados, directamente.

El IME es una oficina desconcentrada de la Secretaría de Relaciones Exteriores que atiende las iniciativas y necesidades comunitarias de los mexicanos que viven y trabajan fuera de nuestro país y ofrece programas y servicios en materia de salud, educación básica y universitaria, educación financiera, estadísticas y publicaciones sobre la diáspora mexicana, remesas productivas, organización comunitaria, vinculación con clubes, federaciones, redes de mexicanos y amigos de México en el exterior, iniciativas y convocatorias culturales, eventos deportivos, entre otros (https://goo.gl/pyZWsQ).

Pero, a pesar de contar con dicho IME y con los consulados, le pareció al amigo Enrique que sería mejor entregar mil millones de pesos, de 2014 a 2016, a la amiga Josefina para que hiciera, o dijera que hacía, más o menos lo mismo, pero desde dos entidades privadas, Parents Alliance y AEM-USA Foundation, que recibieron el dinero (equivalente a 5.4 veces el presupuesto ejercido por el IME en esos mismos años) que a su vez ejercía Juntos Podemos, con Vázquez Mota como presidenta honoraria, pero verdadera responsable del destino final de esos casi 60 millones de dólares (por ello ahora, sesgadamente, la ex candidata presidencial dice que no tiene culpa alguna, pues ella sólo preside Juntos Podemos, que formalmente no recibe el dinero público mexicano, sino las dos fundaciones antes mencionadas, convergentes en las manos de Josefina, pero legalmente distintas: lavado de paisanos).

De esos recursos no se han rendido cuentas verdaderas y varios de los rubros mencionados para justificar las erogaciones tienen enorme tufo a mera simulación contable, cuando menos en cuanto a 8 millones 732 mil dólares de los fondos recibidos del gobierno mexicano, que se destinaron a gastos operativos inflables (como diseño del programa, supervisión del mismo, visitas de campo, administración y publicación de resultados), según la investigación y denuncia de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (organización presidida por Claudio X González Guajardo), en un reportaje de Dulce González, de donde se han tomado varios datos para esta columna (https://goo.gl/LJ0kyT).

Entregar tanto dinero a un proyecto de opacidad ejecutiva a cargo de su amable contrincante panista de 2012 es una muestra del desdén real de Peña Nieto hacia la causa de los paisanos, a los que, además, ha desprotegido al nombrar en varios de los consulados a impresentables políticos y al sostener un servicio deficiente para los usuarios. Además, a determinados consulados (Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Washington, Dallas y Laredo) se les quitó parte de su presupuesto (¿por qué?, ¿para qué?) a fin de darlo a las dos fundaciones que financian las actividades de Josefina, bajo el nombre blanqueado de Juntos Podemos.

El IME, por ejemplo, carece de proyecto político sostenido. En cuatro años ha tenido cinco directores: Arnulfo Valdivia, cuya experiencia previa había sido la de coordinador de asuntos internacionales del gobierno de, obviamente, el estado de México; el sonorense Ernesto de Lucas Hopkins, quien fue, en la campaña presidencial peñista, coordinador de deportes; Francisco de la Torre Galindo, miembro del Servicio Exterior Mexicano; Eunice Rendón Cárdenas, quien había sido subsecretaria de Gobernación, y el recién nombrado Carlos Mendoza Sánchez. ¿Qué proyecto serio se puede desplegar desde el IME si los directores más tardan en acomodarse que en ir de salida?

Silvano Aureoles ni siquiera fue una concesión libre de Los Pinos al PRD, sino la imposición de un deseo de Peña Nieto que fue procesado dentro del sol azteca. Adulador del mexiquense y promotor de sus iniciativas legislativas desde la oposición, Aureoles se ganó la candidatura para gobernar el caliente Michoacán. Ahora, ya como mandatario, dice ir por la postulación perredista a la Presidencia de la República, en una maniobra de cuña contra la pretensión de Miguel Ángel Mancera de manejarse como aspirante sin afiliarse al PRD. A fin de cuentas, maniobras para encarecer reacomodos grupales y concesiones políticas en el camino, con el beneplácito del general de división electoral, el jefe Enrique.

En 2007, el constitucionalista Raúl Carrancá, al tiempo de exigir el fundamento legal, que consideraba inexistente, para otorgar a Vicente Fox Quesada 4 millones 160 mil pesos por pago de seguro de separación individualizado, expresaba que esa erogación y las pensiones a ex presidentes son ilegales y contrarias al espíritu de la Constitución. El reconocido jurista dijo, según nota de Elizabeth Velasco en La Jornada, que vivimos en un régimen republicano y esas erogaciones son propias de una monarquía; por ello, no sólo son ilegales, también son inmorales, y se pronunció por eliminar esas pensiones ofensivas y ponerlas a la altura de lo digno. Respecto de Fox, el doctor en derecho pedía que se investigara su enriquecimiento inexplicable de manera “muy objetiva y a fondo (…) inclusive, debe dar vista al Ministerio Público de todo lo que averigüe” (https://goo.gl/KAMaLa).

Y, mientras Cementos Mexicanos, al reconocer su buena disposición a entrarle al negocio de la construcción del muro de las trumpetas, da muestra de que para los hombres de negocios lo de menos son los conceptos (que no cotizan en bolsa) del nacionalismo, la soberanía y la solidaridad con los paisanos agredidos, ¡hasta mañana!

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