Saltillo, Coah.

El gobierno del estado reinstalará en sus puestos a 10 agentes de la Policía Investigadora del Estado y del Ministerio Público, luego de que un tribunal federal los exoneró de su presunta colaboración con el narcotráfico, de lo que los acusaron autoridades federales en 2012, durante el gobierno de Felipe Calderón, por negarse a involucrar a funcionarios estatales con la delincuencia organizada, informó el gobernador Rubén Moreira.

Este miércoles los ex policías se manifestaron frente a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para pedir su reinstalación y el pago de salarios caídos. Aseguraron que Maricela Morales, entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), los inculpó sin pruebas, como parte de un ataque político al gobierno del estado.

Alegaron que los agentes de la PGR les inventaron delitos y los detuvieron por negarse a vincular con el crimen organizado al entonces gobernador Humberto Moreira; a su sucesor y hermano, Rubén; al ahora ex fiscal general del estado, Jesús Torres Charles, y al diputado federal Jericó Abramo Masso, ex alcalde de Saltillo.

Serán reinstalados, aseguró el gobernador, luego de acusar Felipe Calderón de haber desarrollado “un combate a la delincuencia fuera de la ley. Lo mismo sucedió en Michoacán (michoacanazo) ahora ocurre con Coahuila (coahuilazo). A esta gente que le arruinaron la vida, le vamos a ofrecer una oportunidad en el gobierno del estado en la medida de las posibilidades presupuestales”.

En la protesta, Sergio Tobías Salas, primer comandante de la Policía Investigadora y encargado de un grupo de reacción inmediata de la PGJE, señaló que agentes de la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada (ahora Siedo), intentaron convencerlo de firmar declaraciones para imputar delitos federales a los Moreira, a Torres Charles y Abramo Masso.

Me prometían no mandarme a un penal federal, respetar mis propiedades, un sueldo y escolta a cambio. No lo hice y me internaron en el Altiplano, donde estuve año y medio, contó.

Fue muy duro; me encontré con personas a las que había detenido en Saltillo, expuso.

Everardo Rosales Saucedo era agente del Ministerio Público encargado del Cuarto Grupo de Homicidios con sede en Saltillo. El 23 de febrero de 2012 intentaron detenerlo agentes de la Siedo bajo cargos de delincuencia organizada; se escondió y buscó ayuda legal. En junio de 2016 se anuló la orden de aprehensión en su contra y hace un mes un tribunal federal lo exoneró.

Los agentes también presentaron quejas contra de la PGR ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.