El PAN en la Cámara de Diputados elaboró una iniciativa de reforma al artículo 72 de la Ley General de Transparencia para que los partidos políticos representados en el Congreso federal transparenten los recursos públicos que reciben cada año. La medida busca enfrentar las acusaciones de uso discrecional de éstos.

Eloísa Talavera Hernández, representante panista, refiere que el Congreso mexicano es el cuarto peor evaluado de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en difundir información de presupuesto y en gestión administrativa.

Una vez turnado a la Comisión de Transparencia, esperamos que los diputados tramiten la iniciativa lo antes posible y que sea dictaminada a favor, sólo así demostrarían los representantes de todos los partidos políticos que están dispuestos a darle certidumbre a los recursos de los mexicanos.

También emplazó a las fuerzas políticas representadas en el Senado y la Cámara de Diputados a ser transparentes con los recursos de los grupos parlamentarios, porque Transparencia Internacional posiciona a México como el país más corrupto entre las naciones que integran a la OCDE, por lo que los partidos políticos en el Congreso deben ser los primeros en fortalecer la democracia y la competitividad nacional mediante la rendición de cuentas.

La iniciativa panista apunta a evitar el uso discrecional de los recursos públicos, posiblemente obtendríamos una calificación más alta en el índice de transparencia legislativa, que en 2016 nos calificó con un vergonzoso 17 por ciento en el rubro de difusión de información de presupuesto y gestión administrativa.

Talavera Hernández destacó que México aunque cuenta con un marco jurídico que sienta las bases para que la sociedad pueda estar al tanto de la información, así como del manejo de los recursos con los que operan los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y demás sujetos obligados, diversos estudios señalan la falta de transparencia de los mismos, planteando el riesgo de que en dichas entidades se genere corrupción al no existir garantías de que los recursos se ejerzan correctamente.