Culiacán, Sin.

Alrededor de cien familias de comunidades ubicadas en la sierra del municipio de El Rosario, Sinaloa, huyeron de sus casas, ante los ataques, extorsiones, robos y amenazas perpetrados por grupos criminales ligados a cárteles de las drogas.

Algunos afectados acudieron con el alcalde, Manuel Antonio Pineda Domínguez, para exigir la intervención de las corporaciones policiacas y del Ejército Mexicano, pues hay familias que no han salido de sus viviendas en la comunidad de Buena Vista, aunque hay seis localidades con desplazamientos.

Pineda Domínguez informó que buscará apoyos para dar más seguridad en la zona alteña de este municipio, mediante un trabajo coordinado entre la autoridad municipal, el gobierno estatal y la Federación.

Los desplazamientos de personas ocurren este año, luego de las amenazas y ataques de grupos criminales ligados al narcotráfico. Además de Buena Vista, las comunidades de Agua Zarca, Tecomatillo, La Tebaira, Corral de Piedra y Pilas de Estancia, son las más afectadas.

Es lamentable. Estas familias padecen ese problema desde hace varios meses; vamos a convocar de forma urgente a los integrantes del consejo municipal (de seguridad pública) para dar respuesta a estas personas, pues no pueden vivir con miedo, dijo Pineda.

En Sinaloa, hay desplazamientos de personas en al menos 12 de 18 municipios. Mazatlán, Culiacán, Badiraguato, Sinaloa, Choix, Guasave, Concordia, El Rosario y San Ignacio son algunos de los más afectados. Muchos desplazados se refugian en viviendas de familiares, de poblaciones cercanas, o en casas prestadas o rentadas en las grandes ciudades.

Unas 35 mil personas se encuentran desplazadas, la mayoría de comunidades de la zona serrana del estado, donde operan grupos de los cárteles del narcotráfico, siembra mariguana y amapola, y persiste la operación de laboratorios clandestinos para la elaboración de drogas, según estimaciones de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos.

En esta región, siete personas que al parecer se dedicaban a cortar leña para vender, fueron asesinadas y tres murieron durante un enfrentamiento con elementos de la Marina, en la segunda mitad de 2016. La Procuraduría General de Justicia del Estado relacionó estos homicidios con las pugnas entre organizaciones criminales.

El 8 de agosto de ese año, cerca de la comunidad de Matatán, fue asesinado a balazos el ex alcalde de El Rosario, Roberto Rodríguez Ontiveros, quien trabajaba en la construcción de la presa Santa María, y fue privado de su libertad por un comando.

En el caso de El Rosario, el alcalde señaló que incluirá en la solicitud de más coordinación y vigilancia a las tropas de la Armada de México, además de la Policía Federal, las corporaciones estatales y el Ejército Mexicano.

Salvar lo que se pueda

Pobladores, cuyas identidades se mantienen en reserva por temor a represalias, señalaron que quieren regresar a sus casas a recuperar algunos bienes y que el gobierno aplique un operativo que les permita sacar ganado, alimento y animales domésticos, y trasladarlos a los lugares donde se mantienen refugiados.

Queremos salvar lo poco o mucho que tenemos, cualquier cosa, pero no vamos a regresar por ellas si no contamos con el resguardo de la policía, si el Ejército no nos acompaña, señaló.

Algunas de estas comunidades se ubican en las inmediaciones de la presa Santa María y los delincuentes acosan a los pobladores para que les dejen sus tierras y propiedades, y aprovecharlos para actividades ilícitas.