Los proyectos de la ley de seguridad interior que actualmente se analizan en el Congreso representan una amenaza para la ciudadanía, puesto que buscan normalizar la participación de las fuerzas armadas en labores que no les corresponden, lo cual seguirá alimentando la espiral de violencia que se desató en el país desde la declaración de guerra contra el crimen organizado.

Así lo afirmaron la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) y el colectivo Mexicanos Unidos, quienes señalaron que el verdadero objetivo de este tipo de normas es únicamente reprimir las manifestaciones de descontento de la población y resguardar los intereses de compañías trasnacionales.

Raúl Jiménez, presidente de la ANAD, subrayó que las diferentes propuestas de legislación son un traje a la medida para que el Ejército y la Marina continúen realizando tareas de seguridad pública, lo cual es violatorio de los artículos 21 y 29 de la Constitución.

Además, las iniciativas están viciadas de origen, porque el Congreso no está facultado para legislar en materia de seguridad interior, pues la pretensión de dejar al Ejército en las calles pasa por alto diversos ordenamientos y recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos.

Con dichas propuestas, alertó Jiménez, la presencia de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública se volvería permanente, lo cual profundizaría la grave e inédita crisis de violaciones a las garantías básicas que se ha desatado en el país, en gran medida por el inicio de la guerra contra el narcotráfico.

Por su parte, el general José Francisco Gallardo, integrante de Mexicanos Unidos, consideró que la ley de seguridad interior pretende convertirse en una herramienta de control social para convertir a las fuerzas armadas en una especie de ejército de ocupación contra de los habitantes del país.

Este intento, recordó el activista, forma parte de otros planes económicos y de seguridad impuestos desde el exterior, como la llamada Iniciativa Mérida, cuyo propósito es supeditar a las fuerzas castrenses mexicanas con respecto a Estados Unidos y cuidar los negocios de empresas trasnacionales que operan en el país.